Elecciones catalanas

De febrero a mayo de 2021

El aplazamiento electoral no es sino una muestra de cómo los partidos anteponen sus intereses a los de los ciudadanos

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Salvador Illa y Pere Aragonès.

Salvador Illa y Pere Aragonès. / Quique Garcia / Efe

A finales del mes de enero de 2020, el entonces ‘president’ de la Generalitat, Quim Torra, declaró en una rueda de prensa que “esta legislatura ya no tiene recorrido político, llega su final...” “Ha habido un deterioro de la confianza mutua…” “Hay que poner el país y sus necesidades por encima de cualquier interés partidista o personal". Y anunció que, una vez aprobados los presupuestos, convocaría elecciones anticipadas. La fecha previsible sería entre los meses de marzo y junio. No solo no lo hizo sino que los intereses personales y partidistas se interpusieron y, ahora, cuando el Gobierno que nos dejó al ser inhabilitado ya había convocado las elecciones para el día 14 de febrero, un año más tarde del anuncio, de nuevo los intereses de los partidos del Govern pasan por encima del país y sus necesidades.

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Es evidente que el estallido de la pandemia causó muchas dificultades y alteró previsiones de todo tipo, pero también es cierto que en el mes de julio se llevaron a cabo las elecciones autonómicas vascas y gallegas, y que las catalanas también se podrían haber realizado entonces o el mes de septiembre. Todo el mundo que sigue la vida política sabe que el aplazamiento de la convocatoria estaba motivado por la presión de JxCat y Puigdemont a fin de disponer de más tiempo para consolidar su nuevo partido y volver a ganar las elecciones, y por la voluntad de Torra de mantener la presidencia hasta que los tribunales no lo condenaran. No se veían ni se ven reflejadas las necesidades del país.

La coartada de la pandemia

Desde la inhabilitación de Torra, a finales de septiembre, y la no presentación de ningún candidato para sustituirlo, el vicepresidente Aragonés ha asumido las funciones presidenciales e, inicialmente, respetó el calendario fijado por la Ley de Presidencia: el 21 de diciembre se disolvió el Parlament y al día siguiente se convocaron elecciones autonómicas para el 14 de febrero. No había transcurrido un mes desde la convocatoria y cuando solo faltaba un mes para la celebración de las elecciones, el Govern en funciones reúne a los partidos parlamentarios y les propone anular la fecha del 14 de febrero y trasladar al 30 de mayo las elecciones.

Las razones del retraso de más de tres meses derivan, según ERC y JxCat, de la pandemia y de los riesgos para la salud de la ciudadanía. Sin negar que vivimos, de nuevo, un tercer y grave rebote del virus, producido por la no adopción de medidas más restrictivas en diciembre ante el calendario festivo, también hay que recordar que otros países han celebrado elecciones en medio del covid 19, EEUU por ejemplo, o que las celebrarán ahora, Portugal. La realidad, sin embargo, es otra.

Cálculos electorales

Hasta finales de año los dos partidos del Govern catalán no coincidían, como en muchos otros temas, en el retraso electoral. ERC, a quien las encuestas daban como ganadora pero que iba perdiendo puntos respecto a JxCat, prefería no alargar el mandato y evitar el desgaste producido por la deficiente gestión sanitaria, social y de educación. JxCat seguía defendiendo una convocatoria más tardía ya que así se iba consolidando como partido y desgastando a su principal rival independentista. El anuncio inesperado por parte del PSC de poner al ministro Illa como candidato a la presidencia en lugar de Iceta trastornó muchas expectativas, alteró la evolución de las encuestas y modificó los criterios partidistas: a ERC ya no le interesaba ir rápido porque su desgaste podía verse compensado por el de los socialistas; a JxCat menos, ya que los socialistas le disputaban el segundo lugar; al PSC le era imprescindible mantener la fuerza de la innovación propuesta y no dejar que el prestigio del ministro disminuyera por culpa de la pandemia; el resto de fuerzas no ha quedado claro si preferían en febrero o mayo ya que tampoco las encuestas reflejan muchos cambios.

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En todo caso, no he percibido ni en las declaraciones de los dirigentes políticos, ni en los comentarios de los medios de comunicación o de analistas la preocupación por las necesidades del pueblo ni la crítica por las graves consecuencias que sin duda tendrá para Catalunya un año más sin gobierno, sin planificación a medio y largo plazo, sin presencia unitaria y fuerte a la hora de presentar proyectos y recibir las ayudas de la UE y tantas y tantas cosas más en medio de una gran crisis económica. En noviembre de 2018 reclamaba en este diario un Gobierno que gobierne, hoy exijo un giro de 180 grados a todos los partidos que anteponen sus intereses a los de la gente, y si hay quienes no los anteponen, que se esfuercen para hacerse ver y escuchar.

¡Ah! Y que actúe la política. Volver a poner las instituciones en manos de la justicia ya vemos a dónde nos ha llevado.