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El lío de la fecha electoral

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya debe decidir con rapidez tras suspender de forma cautelar la decisión de la Generalitat

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El vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y la ’consellera’ de Presidència, Meritxell Budó, a su llegada a la reunión semanal del gobierno de la Generalitat en funciones.

El vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y la ’consellera’ de Presidència, Meritxell Budó, a su llegada a la reunión semanal del gobierno de la Generalitat en funciones. / EFE / GENERALITAT / Rubén Moreno

El pasado viernes escribí que en Catalunya la incertidumbre estaba siendo demasiado fuerte durante demasiado tiempo y que entonces (15 de enero) todavía no sabíamos si votaríamos el 14 de febrero como se decidió, por imperativo estatutario, el 22 de diciembre. El mismo viernes la Generalitat decidió -bajo el mismo estado de alarma que en diciembre- que la pandemia haría imposible votar el 14 de febrero, "dejó sin efecto" aquella convocatoria y anunció otra, si las circunstancias lo permitían, para el 30 de mayo.

Ahora la sala administrativa competente del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, formada por siete magistrados, ha suspendido provisionalmente la decisión de la Generalitat por lo que de momento se mantiene la fecha del 14 de febrero. Pero la decisión no es definitiva porque se deben recibir, hasta el jueves, las alegaciones de la Generalitat, la fiscalía y otros recurrentes. Es posible pues que la decisión definitiva la sepamos el próximo viernes.

Estamos ante un embrollo monumental que confirma la incertidumbre en la que estamos inmersos. También ante una preocupante inseguridad jurídica. Que Meritxell Budó, la 'consellera' y portavoz de la Generalitat, acuse al TSJC de generarla ya indica que algo no va bien. Es labor de los tribunales controlar la legalidad de las decisiones del Ejecutivo. Los gobiernos no tienen la última palabra en un país democrático, y menos en lo concerniente a los reglados procesos electorales.

En todo caso gran parte del lío tiene su origen en que, por acuerdo de JxCat y ERC, no hay president de la Generalitat desde el cese de Quim Torra. Y Pere Aragonès no convocó elecciones -como hicieron Urkullu y Feijóo- sino que cumplió un trámite obligado al no haberse presentado ningún candidato -por decisión de JxCat y ERC- a la presidencia de la Generalitat. Y además pactaron algo muy extraño, Aragonès no tendría todas las atribuciones de un presidente en funciones. ¿Podía entonces Aragonès, que solo convocó obligado, dejar sin efecto la convocatoria y responsabilizar al Govern de una nueva convocatoria?

Sería ir mas allá de un aplazamiento técnico por la virulencia de la pandemia que se habría tenido que justificar. Seguimos en el mismo estado de alarma que el 22 de diciembre, no hay confinamiento domiciliario y en Portugal, con mayores restricciones que aquí, va a haber elecciones presidenciales el próximo domingo. Ni a Trump se le pasó por la cabeza -y las instituciones americanas no lo hubieran permitido- dilatar tres meses las elecciones por la pandemia que en Estados Unidos ha causado ya más de 408.000 muertos.

Además, la decisión se tomó- al contrario que en Euskadi y Galicia- sin el consenso de todos los grupos parlamentarios. Y un portavoz de JxCat no tuvo rubor en tuitear que así tendrían mas posibilidades de ganar.

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En Catalunya hay una degradación institucional de la que sería injusto culpar solo a JxCat y ERC. Pero la incapacidad de un Govern que ya no tenía recorrido desde hace un año, según afirmó su entonces presidente, ha sido relevante. Aunque la degradación viene de lejos y el 155- con independencia de sus causas- también contribuyó.

Llegados a este punto, habrá que acatar la decisión final del TSJC y esperar que -cuanto antes mejor- Catalunya tenga un nuevo Parlament y un nuevo Govern, que casi seguro deberá ser de coalición, que prime la inmediata reconstrucción económica y política. Menos utopías, menos cerrazón en bloques, menos partidismo y más voluntad de diálogo y de gobernar para todos.