El país de Dupond y Dupont

El verdadero problema es que Catalunya está sin Parlamento, sin presidente, sin liderazgo y sin proyecto

Se lee en minutos
Pere Aragonès y Meritxell Budó, en el Parlament.

Pere Aragonès y Meritxell Budó, en el Parlament. / EFE / Quique García

Cada uno habla de la feria según en ella le va. Así han de entenderse las reacciones al aplazamiento de las elecciones catalanas y también los posicionamientos previos de cada formación política. Que los socialistas se quedaran solos defendiendo el 14-F no obedece, efectivamente, a un sarampión de radicalidad democrática en sus filas, sino más bien a la alteración de sus planes para con Salvador Illa. Como la política puede ser muchas cosas, también un sifón de rápido desbrave, los temores socialistas por el retraso están justificados. Lo mismo, pero en el sentido contrario, vale para los que llevan forzando desde el primer día el cambio de fecha de los comicios.

Normalmente la política -particularmente todo lo que atañe a la estrategia electoral para sacar el mayor número de votos posible- se vive puertas adentro, por quienes la protagonizan, y se observa desde fuera por los que la siguen obsesivamente, con la fantasía de estar protagonizando o contemplando una partida de ajedrez. Pero vista al desnudo la política tiene más similitudes con el parchís. Ahora ERC y JxCat han sacado un cinco y la ficha roja socialista ha quedado encallada sin poder avanzar. Y el dado de nuevo en el cubilete.

Pero más allá de los cálculos electoralistas -en todas partes cuecen habas, no solo aquí- y de los datos epidemiológicos, el verdadero problema de la política catalana en estos momentos es la falta de credibilidad de sus instituciones para la toma de decisiones creíbles en nombre del interés general. Este es el precio que hay que pagar por haberlas utilizado durante tanto tiempo para armar las jugadas maestras del escapismo procesista.

Calculadora de parte

Hace ya demasiado tiempo que, de un modo más bien pornográfico y no a la sutil manera del erotismo, todo huele a calculadora de parte. La factura, que era predecible, es que todo acaba sonando igual que el grito de Pedro anunciando la llegada del lobo a sus paisanos. A fuerza de abuso continuado y de llevar las costuras de las instituciones siempre al límite en beneficio de quienes las gobiernan nadie se cree nada cuando llegan las horas solemnes.

Como todo anda instalado desde hace tiempo en una doble excepcionalidad -la derivada del proceso soberanista y la epidemiológica- la alteración del calendario electoral no es, a decir verdad, algo que vaya a modificar radicalmente el curso de la historia catalana. Catalunya no va a inaugurar de golpe y porrazo con las elecciones una nueva era de retorno a la mayoría de edad política que deje atrás definitivamente el infantilismo creciente de los últimos años.

Las grandes patronales catalanas -Foment y PIMEC- y también los sindicatos de corte clásico y mayoritario -UGT y CCOO- estuvieron hasta el último momento defendiendo la necesidad de mantener la fecha de los comicios. Seguramente son las organizaciones que mejor pueden radiografiar -exceptuando las entidades de corte social y solidario como Cáritas, Cruz Roja, Amics de la Gent Gran, etc- la grave situación económica y social que se esconde detrás de las comparecencias de los gobernantes y de los epidemiólogos.

Un marco de estabilidad

Su vehemencia para con el mantenimiento de las elecciones no obedecía a consignas políticas y tampoco a la creencia que un nuevo Ejecutivo vaya a obrar el milagro de los panes y los peces. Simplemente son conscientes de los datos, de las proyecciones económicas para los próximos meses y que es más necesario que nunca un marco de estabilidad a largo plazo para poder iniciar la remontada. Del mismo modo que es imprescindible la máxima atención y el talento para para conseguir las mejores cartas en el reparto de los fondos europeos, que corren el riesgo de convertirse en una merienda de negros, si es que aún puede escribirse esta expresión.

Noticias relacionadas

El aplazamiento no supone mayor restricción democrática que cualquier otra de las que ya venimos soportando desde que los gobiernos decidieron que para hacer frente a la pandemia era necesario limitar o suspender los derechos fundamentales. Así que son ridículas las afirmaciones del ministro de justicia, Juan Carlos Campo, en esa dirección. Más teniendo en cuenta que Galicia o País Vasco son precedentes recientes, con el beneplácito del Gobierno español, en el aplazamiento de unas elecciones por razones pandémicas. No es necesario gastar las grandes palabras con razonamientos tan pequeños como los del ministro.

No. El verdadero problema de alargar tres meses más la actual situación es que, en las peores circunstancias y con los peores indicadores para el futuro más cercano, Catalunya está sin Parlamento, sin presidente, sin liderazgo y sin proyecto. En plena tormenta perfecta el país ha quedado reducido a ruedas de prensa inanes en la que Dupond y Dupont -léase Meritxell Budó y Pere Aragonès- entonan un cansino y repetitivo "yo, aún diría más" sin decir, en realidad, nada en absoluto.