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Elecciones, presos y ayudas

Que todavía no sepamos si votaremos el próximo 14-F indica que Catalunya vive en gran incertidumbre

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Un elector deposita su voto en la urna en unas elecciones catalanas.

Un elector deposita su voto en la urna en unas elecciones catalanas. / ROBERT RAMOS

La incertidumbre política en Catalunya es alta desde hace ya demasiados años. Y aumenta. El pasado enero el 'president' Torra dijo que el Govern ya no tenía recorrido por sus tensiones internas y que disolvería tras los Presupuestos. Pero no fue así por 'sugerencia' de Waterloo. Al final se convocaron las elecciones el 22 de diciembre al no presentarse ningún candidato tras la inhabilitación de Torra. 

Y hoy, a 14 de enero, todavía no sabemos si habrá elecciones el 14 de febrero. Parece que algunos partidos, entre ellos JxCat, quieren retrasarlas por el agravamiento de covid (aunque su candidata Laura Borràs dijo lo contrario el miércoles en un tuit), que ERC duda y que el PSC se opone. Y hay sospechas de cálculos electorales (efecto Illa) tras estas actitudes. Las patronales (Foment y Pimec) y los sindicatos (CCOO y UGT) urgen a la celebración y a nadie se le escapa que la continuación de la parálisis gubernamental en estos momentos de crisis es lo menos conveniente.

Pero, cierto, la evolución de la pandemia inquieta y hay que garantizar el derecho al voto de todos. ¿Sería pues mejor retrasar las elecciones unos tres meses? En Portugal, que acaba de dictar duras medidas restrictivas, se mantienen las elecciones presidenciales del domingo 24. ¿Está Portugal más preparado que Catalunya para que se pueda ejercer el derecho al voto en plena pandemia? Cualquier respuesta a esta pregunta es inquietante.

Cierto que en Galicia y Euskadi se suspendieron las elecciones, pero allí la fecha electoral coincidía con el confinamiento domiciliario, se hizo por unanimidad de todos los partidos y fue aprobada por sus juntas electorales. Y en Catalunya no hay Junta Electoral porque tras muchos años de tener la competencia no ha habido nunca consenso para una ley electoral propia. Lamentable.

Veremos lo que acaba sucediendo, pero temo que, sin consenso, la decisión solo conseguirá envenenar más todas las cosas. Y si las elecciones se retrasan a mayo o junio puede que no haya gobierno hasta septiembre. ¿Nos lo debemos permitir?

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La fecha electoral es solo una de las causas de incertidumbre. Este jueves las juntas de tratamiento de las cárceles catalanas volvieron a proponer la concesión del tercer grado a los presos condenados por el 'procés' que fue anulada por el Supremo. Han pasado ya seis meses de la anterior calificación y el próximo día 28 Oriol Junqueras y Carme Forcadell habrán cumplido ya la cuarta parte de la condena. Otros lo harán el 11 de febrero. Hay pocas dudas de que el tercer grado (semilibertad) de los presos sería un factor de distensión. Ester Capella, la prudente 'consellera' de Justícia, avalará la propuesta, pero todo quedará pendiente del posible recurso de la fiscalía y de la decisión de los jueces. Y la situación no es hoy la de hace seis meses. Aunque solo sea por el tiempo cumplido de condena. Más tensión e incertidumbre.

En otro orden de cosas, pero no menos relevante por su gran repercusión sobre el empleo, está la petición del presidente del Foment de ayudas directas de 50.000 millones -no ya de créditos que aumentan la deuda- con el fin de evitar el cierre de muchas empresas castigadas por la dura crisis. Es una medida necesaria, pero no fácil de aplicar por su incidencia sobre el déficit. Es positivo pues que Pablo Casado haya dicho en Girona que está dispuesto a pactarla con Pedro Sánchez. Sin un amplio consenso la medida no acabará saliendo y hay muchos sectores -el comercio y el turismo en primer lugar- que se enfrentan a la asfixia.