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La independencia, siempre con la mayoría

No hay por qué favorecer normativamente el statu quo frente a la voluntad de cambio

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Una urna del 1-O en la Escola Mediterrània de Barcelona

Una urna del 1-O en la Escola Mediterrània de Barcelona / ACN / ELISENDA ROSANAS

No podemos hacer la independencia contra la mitad del país. Ciertamente. No es la mitad del país la que cree que los catalanes deben decidir su futuro político por medio de un referéndum. Es alrededor del 80%. No es la mitad del país la que cree que España debería respetar el ejercicio del derecho a la autodeterminación de Catalunya. Es mucho más del 50%. No es la mitad del país la que dice que, si de un referéndum de autodeterminación sale una mayoría favorable a la independencia, hay que aceptar el resultado. Es cerca del 80%.

Siempre hemos propuesto hacer la independencia como la hacen las democracias: en las urnas. Dejando que decidan los ciudadanos, que para algo lo son. Para ejercer, entre otros, sus derechos políticos. Siempre hemos propuesto hacerla de la manera como lo han intentado hacer Quebec y Escocia, naciones que tienen la suerte de pertenecer a verdaderas democracias.

El problema viene, por tanto, de que el Estado español que no acepta el principio democrático, a diferencia de Canadá o el Reino Unido. Aquel principio que dice que hay que permitir -y acordar- la celebración de un referéndum de independencia cuando, en el territorio del Estado que se quiere independizar, hay una clara mayoría partidaria de celebrarlo. Una clara mayoría que en Catalunya ha quedado acreditada de forma reiterada tanto en escaños como en votos -al menos desde las elecciones al Parlament de 2012.

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El problema, por tanto, no es que no seamos suficientes. La mayoría de los catalanes favorable al principio democrático supera muy de largo el 50%. La negativa del Estado español no está condicionada porque sea la mayoría partidaria del principio democrático. Ni tampoco porque sea la mayoría partidaria de la independencia. Sobran las declaraciones de dirigentes políticos españoles -pasados y actuales- que afirman clara y taxativamente que no les importa que seamos el 50%, el 60% o el 70%.

Su excusa eterna es la unidad territorial del Estado consagrada en la Constitución. Unos límites constitucionales que se inventan, que existen tanto o tan poco como en los casos de Canadá y del Reino Unido, estados que en nombre del principio democrático encontraron la manera de sobreponerse a sus respectivas supuestas barreras legales. Y como no tienen respuesta democrática a un conflicto político, su perversa interpretación de la Constitución se convierte inevitablemente en la justificación de la única respuesta que contemplan, que es la penal.

La mayoría cualificada que necesitamos es aquella partidaria de resolver este conflicto político entre Catalunya y España votando. Y esta ya la tenemos, de sobras y desde hace años. Una vez asumido esto, ¿hay también una mayoría cualificada a favor de la independencia para que esta decisión sea legítima? Hay quien dice, con la mejor intención: "una mitad de los catalanes no puede imponer la independencia a la otra mitad". El problema de esta afirmación es que también vale sensu contrario: "una mitad de los catalanes no puede imponer la autonomía a la otra mitad."

Favorecer el statu quo o no

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Cuando las preferencias libres de los ciudadanos ante una cuestión tan trascendental como esta, todas ellas igualmente legítimas, se dividen prácticamente por mitades, ¿cuál es la preferencia que hay que respetar? ¿Por qué para hacer la independencia hay que ser más de la mitad? ¿Por qué para seguir con la autonomía no es necesario? ¿Por qué para cambiar las cosas hay una mayoría reforzada y para mantenerlas tal como están basta con que lo quiera una minoría?

Hace años que discuto con amigos y conocidos por qué no soy partidario de exigir una mayoría cualificada del 'sí' en un referéndum de independencia. La razón es muy sencilla: porque no soy conservador. Cuando se propone que "un cambio tan radical como la independencia" debería requerir una mayoría reforzada para salir adelante, se está defendiendo que hay que penalizar el cambio y que hay que privilegiar el statu quo legal -en nuestro caso, la autonomía. Los que se dedican a la filosofía política de esto le llaman dar "preferencia normativa" al statu quo. Es lo que se conoce como la posición "conservadora": la de los que piensan que el statu quo tiene un valor normativo por sí mismo, porque es, por definición, mejor que el cambio. La otra posición es la que la filosofía política define como la "neutral". Es la de los que piensan que tanto el cambio y como la conservación son opciones igualmente legítimas y que, por tanto, no se debe dar "preferencia normativa" a nadie y, en consecuencia, basta con la mitad más uno de los votos válidos para legitimar la independencia. Yo me reclamo de estos.