Twitter, Trump, tolerancia y censura

En 'La Sociedad abierta y sus enemigos', el filósofo Karl Popper razonaba sobre la paradoja de la tolerancia. Señalaba que la no existencia de límites sobre aquello que debe ser permitido podía conducir a la desaparición misma de la tolerancia. Llegados a este caso, concluía, estaba justificado mostrarse intolerante con quienes pretendían acabar con la tolerancia aprovechándose de ella. Es un debate imposible de resolver con facilidad por sus incontables aristas y ramificaciones. Una de ellas afecta al establecimiento de límites a la libertad de expresión, como queda acreditado con el debate abierto estos días a consecuencia de la decisión de Twitter y otras compañías de redes sociales de suspender las cuentas de Donald Trump.

La libertad de expresión es un derecho fundamental y como tal debe prevalecer. Pero también es cierto que Trump hizo un uso indebido de ella cuando incitó a sus seguidores a protagonizar el asalto y la ocupación del Capitolio llevado a cabo violentamente y en el que perdieron la vida cinco personas. Lo primero que hay que señalar es que Donald Trump, al igual que cualquier otro ciudadano, aceptó unas condiciones de uso de sus perfiles sociales y que incumpliéndolas -el compromiso de no incentivar la violencia es una de ellas- las empresas han actuado dentro del marco jurídico que avala su decisión.

Ha habido algunas aportaciones interesantes al debate. La cancillera alemana, Angela Merkel, ha calificado de preocupante la decisión de Twitter y considera que solo los gobiernos deben estar capacitados para poner límites a la libertad de expresión. En todo caso, estos límites deberían limitarse al discurso del odio, la incitación a la violencia y las mentiras que pudiesen poner en peligro la vida de las personas. Y aun así el terreno es complicadísimo y el equilibrio, como en la paradoja de Karl Popper, siempre tenderá a la precariedad. 

Un exceso de celo ante la libertad de expresión equivaldría a la impugnación de la democracia. Por el contrario, no entender que la limitación de la propagación de discursos del odio y de incitación a la violencia es una necesidad podría llevarnos al mismo escenario. Pero hay que ser cautos e insistir que cualquier medida desarrollada por los gobiernos democráticos para limitar más la libertad de expresión debe situarse en la más excepcionalidad y establecer criterios claros y universales que eviten la discrecionalidad y la discriminación.

Por último, debemos sentirnos orgullosos de pertenecer al conjunto de sociedades en las que es necesario abrir este tipo de debates sin otro objetivo que el de mantener musculado el espíritu y la práctica democrática. Por desgracia son demasiados los regímenes autoritarios en los que estas reflexiones carecen de sentido, dado que ya viven instaladas bajo el yugo de la censura y la represión del discrepante.