Electricidad y frío

Para explicar por qué el recibo de la electricidad se ha disparado en los últimos días se suele usar la expresión «tormenta perfecta», que vendría a resumir que se han sumado varios factores que la han propiciado. Entre ellos, la demanda extraordinaria de electricidad, coincidiendo con el temporal de nieve 'Filomena', sumada a la ausencia de viento y sol, que ha provocado la baja aportación de energías renovables al sistema. Atendiendo solo a la lógica del mercado, está claro que, a mayor demanda, con un aumento de costes, mayor precio. Más difícil de entender es que, en plena ola de frío, un servicio básico como es el de la electricidad se haya encarecido más del doble para los casi 11 millones de usuarios que tienen actualmente contratada la tarifa regulada en España. Y por eso esta subida de la luz, por más razones técnicas que tenga, ha despertado la comprensible indignación de los consumidores. Que se trate de un episodio «puntual», como ha asegurado la vicepresidenta Nadia Calviño, tampoco es muy tranquilizador, porque no impide que vuelva a repetirse en el futuro. Como ya ocurrió otras veces en el pasado.

El Gobierno, con todo, está preparando una reforma eléctrica que vendría a solucionar algunas de las incongruencias actuales, como el hecho de que en el recibo doméstico de la luz se incluyan los costes de las primas a las renovables. El anteproyecto de ley prevé trasladar estos costes, que actualmente pagan los consumidores, a las empresas que venden electricidad, gas y productos petrolíferos. Eso significaría una rebaja de la factura de la luz (pero también una previsible subida de los carburantes, en la línea de la necesaria descarbonización). La factura de la luz es, desde hace años, una suma de conceptos de difícil comprensión. Solo el 35% del precio final del recibo corresponde al precio mayorista de la electricidad; el resto lo conforman peajes (40%) e impuestos (25%). Una factura más clara, más proporcional al consumo de los hogares, evitaría cierta sensación de indefensión de los usuarios.

La ola de frío ha desnudado de nuevo el problema de la pobreza energética que, que en momentos de meteoreología extema como el actual adquiere tintes dramáticos. La ley impide que se corte el suministro a los abonados con derecho a beneficiarse del bono social, pero durante la vigencia del estado de alarma (en una disposición renovada en el último Consejo de Ministros del 2020) se ha ampliado a más colectivos en situación económica precaria el concepto de personas en situación de vulnerabilidad a las que resulta injustificable dejar sin electricidad. Teniendo a mano esta herramienta legal, es obligación de todos los niveles de la Administración trabajar de forma coordinada con las empresas energéticas para que se apliquen con agilidad las soluciones que protejan a los hogares más vulnerables.

Recientemente, han salido a la luz casos de cortes de suministro en barrios o asentamientos. El pasado sábado, vecinos de Sant Roc (Badalona) encendieron hogueras en protesta por los continuos apagones generales, que se producen también en barrios como los de Can Sant Joan, en Montcada, o Torre Baró en Barcelona. Zonas en las que los pinchazos ilegales sobrecargan la red, dimensionada lógicamente por las compañías para el número de abonados que han contratado el suministro. Habría que discriminar en qué situaciones el enganche de la luz es perseguible y en qué otras responde a una situación de pobreza, ante lo que habría que buscar una salida social. Y en cualquier caso, el resto de vecinos no deberían pagar por ello.