La nota

La raya del desgobierno

Nuevas medidas contra la pandemia son obligadas, pero no deberían mostrar incoherencia

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Desalojo de la fiesta rave ilegal de Llinars del Vallès.

Desalojo de la fiesta rave ilegal de Llinars del Vallès. / Manu Mitru

La marcha atrás en la normalización de la vida ciudadana que provocará el endurecimiento de las medidas contra el coronavirus no podía ser bien recibida. Las libertades ciudadanas y la actividad económica llevan ya muchos meses castigadas por unas prohibiciones inimaginables hace muy poco tiempo.

Pero las limitaciones serán obligadas mientras la vacuna no haya sido recibida por la mayoría de la población. Y ni Catalunya ni España son una excepción. En Gran Bretaña, en Alemania, y en otros países que en primavera resultaron menos afectados, se están tomando ahora medidas más severas. La Generalitat, como todos los gobiernos, está obligada a tomar medidas impopulares y gravosas para la actividad económica y, hasta la vacuna, las sucesiones de periodos de relativa apertura y de nuevas restricciones parecen inevitables. 

Pero cuando se adoptan medidas que afectan a las libertades y la actividad económica es, ya no necesaria sino imprescindible, un mínimo de coherencia. Para que la opinión pública las pueda comprender, asumir y acaben siendo eficaces. Y se está viendo, repetidamente, que la coherencia no es la norma general y que, demasiadas veces, prevalece el desgobierno y la incompetencia.

Desde hace casi un año los bares y restaurantes malviven con una insoportable anormalidad que genera graves daños a los directamente afectados y a la vida colectiva. Es quizás admisible que, en el marco de unas medidas restrictivas, no se pueda ampliar sus horas de apertura. Pero mantener para el almuerzo un horario que empieza a la una de la tarde y acaba dos horas y media después -prohibiendo además las cenas- indica cerrazón. Se sostiene que las normas se incumplían demasiado, pero tampoco funcionaría la circulación si las policías no controlaran el respeto de los conductores a las normas de tráfico. No son los dueños de los bares los responsables.

Tampoco es compresible pasar del confinamiento comarcal al municipal -difícil de hacer cumplir sin controles engorrosos- cuando las autoridades han sido incapaces de abortar, desde el momento inicial, una 'rave' de 300 personas la noche de fin de año. Y menos aún que la excusa sea la falta de instrucciones de la Conselleria de Salut. ¿Qué autoridad moral tendrán ahora para multar al ciudadano que visite a un familiar o amigo a pocos kilómetros de su domicilio?

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Quizás lo menos admisible sea el retraso -esperemos que solo sea inicial- en la vacunación. Es cierto que en toda Europa cuecen habas, pero es difícil de admitir que en Catalunya solo se hayan administrado el 13% de las vacunas recibidas cuando el porcentaje en Asturias es del 80%, en la más poblada Andalucía del 38% y la media española está en el doble, el 27%. Que estemos mejor que Madrid (6,3%) es triste consuelo.

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Y la coherencia tampoco brilla cuando la Generalitat proclamó el 22 de setiembre que la cultura era un bien esencial y ahora cierra las librerías los fines de semana porque los libros -al revés que las farmacias o los comestibles- no son bienes esenciales. Podremos ir a los cines de los centros comerciales un sábado por la tarde, pero no a la librería de barrio. Cuando un gobierno proclama solemnemente que la cultura es algo esencial debe luego actuar en consecuencia.

La Generalitat hace bien -por inevitable- cuando ante las alarmantes cifras de la pandemia limita las libertades ciudadanas. Pero no puede hacerlo con altas dosis de incoherencia y con actuaciones que indican desgobierno. Porque el desgobierno conduce al desprestigio y al incumplimiento.