Por una agencia de evaluación de la política sanitaria: ahora o nunca

Todos los sistemas de salud enfrentan la necesidad de valorar objetivamente la efectividad, la seguridad y los costes de las tecnologías, medicamentos e intervenciones sanitarias, especialmente cuando en algunos casos estas intervenciones tienen costes extraordinariamente elevados, con precios que no se corresponden con sus beneficios en términos de salud. La evaluación de la relación coste-efectividad de tecnologías, medicamentos e intervenciones sanitarias debería estar en la base de su incorporación a la cartera de prestaciones y servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS), así como del precio que el SNS habría de pagar por tales prestaciones y servicios.

Desde hace años, países de nuestro entorno europeo y otros que son de referencia por sus sistemas sanitarios (Reino Unido, Suecia, Alemania, Australia, Nueva Zelanda, etc.) han creado agencias para desarrollar estas tareas e informar de la toma de decisiones de sus sistemas sanitarios sobre tipo y cobertura de prestaciones, grupos de personas en los que estarían indicadas y precios. El prototipo más conocido de estas agencias es, sin duda, el National Institute for Health and Care Excellence (NICE) del Reino Unido.

Carta abierta

Un grupo de economistas, clínicos y gestores sanitarios nos hemos manifestado en carta abierta a la opinión pública en favor de una agencia independiente de evaluación de las prestaciones sanitarias, incluyendo la evaluación económica y su impacto presupuestario, para cuya creación la financiación del programa Next Generation EU supone una oportunidad irrepetible.

Se trataría de crear un institución de evaluación independiente, al estilo de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), con personalidad jurídica propia, autonomía funcional y con procedimientos y funciones bien definidas, que se ocupe de analizar las prestaciones sanitarias, sus tecnologías, medicamentos e indicaciones terapéuticas, intervenciones de prevención y salud pública, y otras políticas de salud, compaginando resultados en salud con los costes que suponen para el SNS y para el conjunto de la sociedad. Una autoridad independiente que, desde el análisis de la evidencia científica disponible en cada momento, determine si los beneficios sanitarios y sociales de una intervención en salud valen lo que cuestan.

Transparencia

Creemos que este sería un elemento imprescindible para informar de las decisiones a adoptar ante los retos que afrontan los sistemas de salud en base al mejor conocimiento disponible. Dicho organismo realizaría las recomendaciones sobre cartera de servicios e intervenciones sanitarias tomadas desde la mejor evidencia científica y valores sociales consensuados. Una vez realizada la evaluación, correspondería a los gobernantes hacer lo propuesto y, si no, explicar las razones. De este modo se informaría sobre la decisión política, en ningún caso se la sustituiría, favoreciendo la transparencia y la rendición de cuentas de las decisiones públicas. Y es que el momento que vivimos exige reformas de gran calado si queremos afianzar el sistema sanitario público y reorientar eficazmente las políticas de salud. Por lo demás, la oportunidad que el proyecto inversor europeo permite no hipoteca los costes recurrentes que pueda generar, que irían mayormente a cargo de los evaluados.

Una Autoridad Independiente de Evaluación de Prácticas y Políticas Sanitarias completaría la valoración de eficacia y seguridad que realizan otras instituciones, como las actualmente desarrolladas por la Agencia Española del Medicamento. Permitiría el trabajo en red con nodo descentralizado (¡el federalismo se demuestra federalizando!), conectando centros existentes de conocimiento experto, la academia y la industria sanitaria. Exhibiría rigor y compromiso por parte de las autoridades sanitarias para la mejor definición y gestión de las prestaciones sanitarias, en consonancia con el trabajo de evaluación ya desarrollado por la Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias. Favorecería el uso racional de los recursos públicos para la promoción de la salud y la gestión de calidad de los servicios sanitarios. En definitiva, atendería la demanda del buen gobierno de nuestras instituciones, colocando el Sistema Nacional de Salud en el siglo XXI. Y ahora puede ser el momento, no hay excusas.

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