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El problema de la Justicia en la UE

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Entrada a la Ciutat de la Justícia, en L’Hospitalet de Llobregat.

Entrada a la Ciutat de la Justícia, en L’Hospitalet de Llobregat.

Un poder judicial justo e independiente políticamente, que cuente con la confianza ciudadana es un elemento esencial de una democracia efectiva desde sus orígenes en la Atenas del siglo VI antes de nuestra era. Unos tribunales justos e imparciales que protegen al ciudadano y defienden el Estado de Derecho son indispensables para preservar la democracia, destaca Larry Diamond, uno de sus principales teóricos actuales y autor de ¿Qué es la democracia? y En busca de democracia.

El deterioro de la calidad judicial y la politización de la justicia es uno de los primeros indicadores del declive democrático de un país, señalan los profesores Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, autores de Cómo mueren las democracias. El descrédito de la Justicia y de los tribunales alimenta los movimientos de ultraderecha, advierte el politólogo Yascha Mounk, autor de El pueblo contra la democracia. La calidad, eficacia e independencia de los sistemas judiciales nacionales “son esenciales para sustentar el Estado de Derecho”, subraya la Comisión Europea en su reciente informe sobre el Estado de Derecho en la Unión Europea (UE).

Sin embargo, en la mitad de los estados de la UE los ciudadanos han perdido la confianza en sus sistemas judiciales nacionales, lo que implica un grave deterioro democrático, como revelan los anexos del último Eurobarómetro Estándar de la Comisión Europea, publicado el pasado octubre. En 13 de los miembros de la UE, incluidos España, Francia e Italia, los ciudadanos que confían en la justicia nacional no llegan ni al 50% y en otros dos estados ––Portugal y Hungría–– esa confianza alcanza justo ese 50%.

Los países nórdicos, los más confiados

Los ciudadanos que confían en la justicia nacional representan el 18% del total en Bulgaria, el 23% en Croacia, el 25% en Eslovaquia, el 35% en Polonia, el 36% en Eslovenia, el 38% en Italia, el 41% en Letonia y Malta, el 45% en Francia y Lituania, el 46% en España y Rumania y el 49% en Chipre. En el otro extremo, el mayor nivel de confianza ciudadana en la justicia se produce en Dinamarca y Holanda (85%) y Suecia y Finlandia (81%), mientras que en Alemania se sitúa en el 69% y baja al 54% en Bélgica, ambos por detrás del 74% de Irlanda y del 73% de Estonia y Austria.

En el caso de España, los sondeos oficiales nacionales son muchísimo más negativos. Sólo el 19% de los españoles considera que la Administración de la Justicia funciona satisfactoriamente, indica el último estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de julio del 2020. La Justicia es el servicio público peor valorado por los españoles. El dato de este año es incluso peor que el de la encuesta del CIS de 1994, cuando ya la Justicia sólo obtuvo la aprobación del 22,8% de los españoles. El Consejo General del Poder Judicial dejó de hacer sus propias encuestas a partir del 2008, después de que la de ese año supusiera una clara desautorización ciudadana hacia la institución, ya que reflejaba un marcado empeoramiento respecto a la del 2005: el 57% de los españoles consideraba que la Justicia funcionaba “mal o muy mal” y el 51% creía que los tribunales no eran imparciales.

Priman otros intereses

En las máximas instancias judiciales españolas se ha producido una tendencia a soslayar el Derecho Europeo que protege a los ciudadanos y a primar en su lugar otros intereses, como los de la banca en el caso de las hipotecas. Esto ha provocado varias sentencias del Tribunal de la UE desautorizando al Supremo (cláusulas suelo, gastos hipotecarios abusivos, vencimiento anticipado de la hipoteca), evidenciando aún más el grave déficit judicial del país.

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La ideología ultraconservadora presente en las altas esferas de la judicatura española ha llevado también a avalar la violación de derechos fundamentales, que ha tenido que enmendar el Tribunal de Derechos Humanos del Consejo de Europa en materia de libertad de expresión (casos Castells, Gutiérrez Suárez, Otegi, Rodríguez Ravelo, Jiménez Losantos, Stern Taulats y Roura Capelleda) y por falta de juicio justo a políticos (casos Atutxa, Otegi). Hasta el Tribunal de la UE tuvo que intervenir para que el Supremo respetara la voluntad expresada por los votantes en las elecciones europeas del 2019 respecto a los eurodiputados independentistas catalanes.

La Comisión Europea, en su informe, avisa que el método de nombramiento de los jueces puede repercutir negativamente en la independencia judicial y que la independencia del poder judicial debe equilibrarse con un sistema efectivo de rendición de cuentas, algo que en la práctica falla en mucho países.

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