Por el bien de la salud y la economía: es momento de gastar

El plan de reapertura se empezó a desplegar sin que se cumplieran dos de los tres indicadores marcados para tal hito por el propio Ejecutivo catalán: Rt por debajo de 0.9 (si), menos de 1.000 contagios al día (teníamos casi el doble) y no llegar a 300 enfermos covid en las ucis (bordeábamos los 600). En una entrevista a 'Els matins de TV-3' Josep Maria Argimon, secretario de Salut Pública, vino a decir que si por criterios epidemiológicos fuera, bares y restaurantes continuarían cerrados. En aquel entonces utilizó una frase comunicativamente resultona para explicar ciertas decisiones, pero que, a golpe de repetirse, ha derivado en simplón argumentario. "No somos un país rico. Tampoco pobre, pero no rico”. Esta afirmación recoge parte de verdad: reconoce que los recursos son finitos y que en la gestión de la pandemia deben ponderarse distintos elementos. Ahora bien, también hace trampa, situándose en la comodidad de una suerte de victimismo inmovilizador. No lo digo tanto por el doctor Argimon, que ha mostrado a vastamente su competencia profesional, sino sobre todo por nuestros gobernantes que, al fin y al cabo, son los que toman las decisiones. 

Siempre hay margen de maniobra. Resulta que el Gobierno, que se queja de no poder activar planes de ayudas al tejido productivo y a los más vulnerables, tiente previsto mantener el objetivo de déficit en el 0.7%, similar al año pasado, como si no hubiera mediado pandemia. Sin ir más lejos, en el País Valencià prevén un 2%. Desaparecida la ley Montoro y levantada la intervención a las finanzas de la Generalitat, no hay excusas para continuar la senda de la austeridad. Expertos y organismos internacionales insisten en que ahora es momento de gastar. La nada sospechosa OCDE presentaba el 1 de diciembre un informe en París en el que se alentaba a los gobiernos a inyectar dinero público. Ángel Gurría, su secretario general, era rotundo: “Ya habrá tiempo de preocuparse de la deuda”. Sigamos sus recomendaciones: nuestro país no puede funcionar como si fuera una economía doméstica