Inconscientes del drama de la restauración

Los medios de comunicación han explicado que la norma aprobada el pasado martes por el Consejo de Ministros fuerza una rebaja en el alquiler cuando el local pertenece a los llamados grandes tenedores. Siendo así, no me cabe la menor duda de que la medida habrá sido inmediatamente aplaudida por los restauradores. Desde el inicio de la pandemia, el pago del alquiler se ha convertido en uno de los principales problemas para bares y restaurantes – también los erte, cuya regulación ha experimentado avances y retrocesos a lo largo de los meses. En julio, una encuesta de clima empresarial realizada por el Gremio de Restauración arrojaba un dato inquietante: dos de cada tres restauradores inquilinos no habían conseguido una rebaja en el alquiler pese a haberla solicitado. La cadena de solidaridad a la que apelaba el presidente Pedro Sánchez servía para justificar las pérdidas en sectores como el de la restauración, pero no para que el sector inmobiliario arrimase el hombro. Ante esta situación, debía el Gobierno abandonar las tesis liberales y sujetar las relaciones entre arrendadores y arrendatarios a un marco excepcional y transitorio, a la altura de la terrible crisis económica que está suponiendo la pandemia.

Se nos dice que el presidente Sánchez y su Gobierno, con la batería de medidas aprobada el martes, han atendido los ruegos de la restauración. Sin embargo, no se oyen los aplausos: el sector se siente defraudado y tacha los acuerdos de “insuficientes”. Y es que, con el real decreto-ley en la mano, cuesta precisar dónde está el avance. De entrada, sorprende la diferencia de trato entre grandes propietarios y el resto. En el momento de cerrar los bares, al Gobierno le ha dado igual si detrás de la barra había un autónomo, una familia o una gran empresa al borde de la quiebra; en cambio, cuando se trata de limitar los beneficios del sector inmobiliario, toda precaución es poca. Si el arrendador posee más de 10 inmuebles urbanos, el inquilino puede solicitar la rebaja del alquiler y el primero puede negarse sin necesidad de alegar ningún tipo de causa.

La minoración temporal de la renta arrendaticia decretada el martes por el Consejo de Ministros continúa siendo una liberalidad que el arrendador puede, o no, conceder

En efecto, la minoración temporal de la renta arrendaticia continúa siendo una liberalidad que el arrendador puede, o no, conceder. Resulta incomprensible: la medida que debía aplacar a los propietarios sin escrúpulos les sigue permitiendo desentenderse de cualquier responsabilidad. A esta altura de la película, no hace falta ser muy listo para concluir que las pérdidas continuarán apareciendo en exclusiva en el balance del restaurador. Si no estamos ante un gran tenedor, las opciones del restaurador son todavía más exiguas: solamente podrá solicitar un aplazamiento, que también podrá ser rechazado por la propiedad. Para este viaje no hacía falta alforjas, presidente. Tras nueve meses de hundimiento económico, es descorazonador ver cómo el Gobierno sigue sin ser consciente del drama humano que se avecina y que, con decisiones de este tipo, no hace sino agrandarse. 

En lo relativo al alquiler, el decreto-ley que aprobó la Generalitat de Catalunya en octubre sigue siendo la actuación más valiente, eficaz e innovadora hasta la fecha. Después de haber acusado al Gremio de “partidista”, algún dirigente republicano se sentirá defraudado al leer aquí semejante elogio. El decreto-ley, elaborado a cuatro manos por los 'consellers' Ester Capella y Ramon Tremosa y negociado posteriormente con el Gremio de Restauración, sí obliga a las partes a compartir las pérdidas derivadas de la pandemia. Para ello, deben alcanzar un acuerdo; de lo contrario se aplicará automáticamente la reducción que estipula el decreto, proporcional al rigor de las restricciones impuestas a la restauración y con un máximo del 50% en caso de cierre total. Con todas las imperfecciones que se quiera, la salomónica medida ha supuesto un verdadero alivio para miles de restauradores asediados por las deudas. Curiosamente, los socialistas catalanes se abstuvieron en la convalidación del decreto-ley al entender que vaciaba de contenido la negociación entre las partes. Viendo la insignificante aportación del Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez, lo más fácil hubiera sido replicar la solución catalana. Les habría valido el aplauso de nuestros colegas.