Residual

Una ley no asegura la pervivencia de una lengua, porque su vitalidad depende de muchos otros factores, circunstancias que una legislación, por rígida que sea, no puede prever ni contemplar ni dirigir, y menos en una sociedad tan diversa como la nuestra, con tantos puntos de imantación, tantos episodios sociolingüísticos imposibles de medir en una decisión política. Pero sí puede acelerar –una ley, como tantas ha habido; o una sentencia, como esta, reciente, del TSJC– la desaparición de una lengua en evidente estado de debilidad.

No repetiré los argumentos de siempre ante los embates que afectan al catalán, empezando por la intromisión de un tribunal que se erige en autoridad pedagógica, pero sí me parece pertinente destacar uno de los argumentos de la sentencia, esta idea según la cual «el uso del castellano en las aulas es residual en una parte significativa de centros docentes». Es una aseveración fundamentada en el prejuicio, en el imaginario de los jueces previo a cualquier estudio concluyente. No lo saben, pero deciden como si el dato fuera irrefutable. Y avalan una persecución del castellano que no sólo es falsa, sino que es del todo ridícula, hilarante.