Una legislatura perdida

El Parlament de Catalunya quedará automáticamente disuelto mañana lunes. Veinticuatro horas después el presidente en funciones, Pere Aragonès, rubricará el decreto de convocatoria de elecciones. Será el adiós definitivo a una legislatura perdida, marcada básicamente y de principio a fin por los intereses partidistas de algunos de los líderes de las formaciones políticas sobre las que ha descansado la mayoría gubernamental.

El vodevil ha durado tres años y ha debilitado el prestigio de las instituciones catalanas. Han primado los que en el seno del gobierno trataban de forzar sus costuras para obligarlas a seguir sirviendo los intereses de un simbolismo tan histriónico como estéril que en demasiadas ocasiones ha pasado por delante de las graves dificultades y retos que tiene planteados en estos momentos la sociedad catalana en su conjunto.

La legislatura quedará marcada para la historia por la presidencia de Quim Torra y su posterior inhabilitación. Torra se comportó mientras ocupó el cargo como un activista independentista y no como un presidente. Su legado gubernamental, tutelado de principio a final por Carles Puigdemont, figurará en un lugar de honor en cualquier enciclopedia del disparate político.

Pero cargar las tintas únicamente sobre Quim Torra sería confundir la parte con el todo. La lucha cainita que JXCAT y ERC mantienen desde hace tiempo, y que en estos momentos se encuentra en un punto de máximo enconamiento, también ha convertido la mesa del Parlament en un patio de recreo. Ni siquiera la pandemia y sus trágicas consecuencias han sido motivo suficiente para poner fin a la desconfianza entre los socios y a sus crecientes deslealtades. 

Catalunya no puede permitirse otra legislatura con sus instituciones secuestradas por intereses de parte. Independientemente de cuáles sean los resultados en las elecciones todas las formaciones políticas deberían conjurarse para entender que existe otra manera de hacer política. Es exigible quede una vez por todas deje de ahondarse en la división de los catalanes y que desde las instituciones,que son de todos, se trabaje en la forja de un proyecto común del que ningún ciudadano se sienta excluido.

Este es el único modo para que Catalunya pueda afrontar con un mínimo de garantías los múltiples retos que el futuro más inmediato le plantea y que con la pandemia han adquirido una urgencia mayor.

Hay que volver a la política que tiene al ciudadano y su bienestar como eje motor de todas decisiones. Es necesario regresar a los consensos más básicos para que la actividad política deje de ser una conversación entre sordos. Urge, en definitiva, que la política vuelva a funcionar en Catalunya después de demasiados años abonados únicamente al simbolismo y al griterío. 

Una parte de este trabajo no es únicamente responsabilidad de los partidos catalanes. La actual mayoría del Congreso, junto a una nueva manera de hacer las cosas en Catalunya a partir del mandato que surja de las urnas el próximo 14-F, deberían trabajar conjuntamente en la apertura definitiva de un escenario que permita abrazar un nuevo tiempo político. Esperemos que la legislatura que finaliza sea también un punto final para la inoperancia y la división. Es hora de volver a la responsabilidad.