Una tragedia... detrás de otra

El incendio en una nave industrial de Badalona no es una historia nueva. Desgraciadamente, se repite en el tiempo y en el espacio. Hace 10 años que se conoce la existencia de ese asentamiento, donde fueron a parar algunas personas desalojadas en 2013 del macroasentamiento de la calle de Puigcerdà del Poblenou, en Barcelona. Tan solo una semana antes se había producido otro incendio en la calle de Maresme que no dejó víctimas mortales y no tuvo eco mediático.

En julio se produjeron hasta cinco incendios en asentamientos chabolistas de Huelva que dejaron sin techo ni pertenencias a centenares de personas, la mayoría inmigrantes en situación irregular. En noviembre hubo otros en la misma provincia de Huelva, en Níjar y en Almería, donde quedaron arrasadas las barracas y los enseres de unas 250 personas que trabajaban en los invernaderos de la llamada ‘huerta de Europa’.

El destino de esas personas antes de construir asentamientos es la calle, y solo su capacidad de autoorganización, tolerancia, aceptación, respeto y convivencia hace que esos albergues y espacios improvisados se conviertan en pequeñas comunidades. Tarde o temprano, sin embargo, se los expulsa –ya sea por una orden judicial o por un incendio— y la rueda vuelve a empezar. Su destino es de nuevo la calle.

Para acabar con la infamia humana de condenar a malvivir a miles de personas es necesaria, urgente y exigible la acción coordinada de las administraciones públicas con las organizaciones sociales y otros actores de carácter privado. El primer obstáculo es la ley de extranjería, que a la mayoría les impide gozar de ningún derecho. Administrativamente no existen. Si no fuera por las organizaciones sociales, vecinales, parroquias, etcétera, que las atendemos y las vinculamos con el resto de la sociedad, vivirían en un abandono institucional del que solo saldrían a causa de algún conflicto o accidente.

Una aplicación diferente de la ley de extranjería permitiría flexibilizar los requisitos para acceder a los permisos de residencia y trabajo

El problema es tan complejo que nadie le hinca el diente. Ninguno de los actores puede solucionarlo solo, pero cada uno de ellos tiene un papel importante a cumplir. Una aplicación diferente de la ley de extranjería permitiría flexibilizar los requisitos para acceder a los permisos de residencia y trabajo, con los que un ‘extranjero’ se convierte en ‘ciudadano existente’ en lugar de ser una sombra legal. Eso es competencia del Gobierno español, como también lo es coordinar la acción y los aprendizajes de las intervenciones en distintos tipos de asentamientos informales y aportar recursos en función de las necesidades de cada comunidad.

Los gobiernos autonómicos deben canalizar recursos sanitarios, formativos, laborales y, fundamentalmente, habitacionales. Hay que poner el foco en cómo resolver el déficit de vivienda y ser imaginativos; también en el siguiente paso, el laboral. En Barcelona hay experiencias de inserción social y laboral de personas que vivían en asentamientos. Los ayuntamientos tienen competencias y mucho que aportar: desde facilitar el empadronamiento hasta ofrecer terreno o espacios donde construir viviendas dignas.

Las organizaciones sociales conocemos la realidad, la penetramos, ayudamos a crear redes y gestionamos programas de formación y empleo, vivienda, convivencia y trabajo comunitario. Todo eso permite romper barreras y poner las condiciones mínimas para que tengan oportunidades de prosperar y aportar a la sociedad y a sus familias lo que necesitan.

La complejidad del problema obliga a una acción concertada de la que no puede quedar al margen ningún nivel de la Administración. Es urgente, necesario y exigible que se sienten a una mesa y lleguen a acuerdos que respeten los derechos humanos y reconozcan a estas personas como ciudadanas y sujetos de derecho. Hacen falta mecanismos coordinados para erradicar problemáticas sociales generadas por la ley y mantenidas por la falta de voluntad política que acaban provocando tragedias. 

Las organizaciones sociales queremos ser parte activa de la solución y participar en el diseño de la estrategia aportando nuestro conocimiento y nuestra capacidad de intervención. Necesitamos mecanismos eficaces de cogobernanza liderados por las administraciones: locales, autonómicas, estatal y europea. Ese es el camino. La vida de muchas personas está en juego.