Los nuevos catalanes y el 14-F

Vayan por delante algunas verdades relacionadas con el fenómeno migrante en el Estado español que, por objetivas, resulta escandaloso que sean cuestionadas. Mentiras útiles convertidas en simiente ultraderechista que hacen germinar los miedos necesarios para alimentar la xenofobia. Conviene, pues, recordárnoslas, porque por mucho que se empeñe Vox en negarlas, el Estado español no goza de una legislación de extranjería abierta y progresista (la última reforma del ministro Celestino Corbacho cronificó los CIE, dificultó la reagrupación familiar, negó capacidades de acogida y de coparticipación en la concesión de nacionalidad a las comunidades autónomas, etcétera). Y por supuesto, restringe el derecho a sufragio, salvo en el caso de las elecciones municipales y europeas, a poseer la nacionalidad española.  

De igual manera que, a raíz de las leyes impulsadas por PSOE y PP, nos hemos convertido en un Estado inaccesible para una persona que aspire a ser aceptada como refugiada. Así lo indican las cifras oficiales como consecuencia de la ley de asilo de 2009. Lo uno y lo otro, acompañado por el hecho que en los últimos años la legislación española de “justicia universal”, que permitía juzgar a sátrapas que comandan regímenes militaristas causantes de hambrunas y desplazamientos forzosos de población, ha sido laminada hasta el punto que, valga como ejemplo, la detención del dictador Pinochet instada por Baltasar Garzón en 1998 en la España de Pedro Sánchez sería inimaginable. Todo ello en paralelo a otra realidad incuestionable: el Código Penal español se presenta ante Europa como uno de los más duros y severos. 

En este contexto, la actual coyuntura, caracterizada por un incremento exponencial de la fractura social y por el quebranto del estado del Estado de bienestar, actúa como un catalizador de aceleración de la guetización social, económica e ideológica de la población de origen inmigrante. Personas, que desde la legalidad o la ilegalidad administrativa,  no solamente conforman buena parte del conjunto de la fuerza de trabajo más devaluada salarialmente, sino que en buena parte no tiene reconocidos derechos democráticos o carece de posibilidades reales de intervenir políticamente. 

A las puertas, pues, de una nueva convocatoria electoral, debería añadirse una nueva variable: no parece que la baja participación política de aquellos que sí gozan de las condiciones requeridas para participar en los procesos electorales haya quitado el sueño a las fuerzas políticas por igual. Efectivamente, pese a que en toda campaña electoral están presentes los tópicos más recurrentes basados en los bulos del acaparamiento por parte de los inmigrantes de las ayudas sociales o se les trata de delincuentes potenciales, la Administración en ninguna ocasión ha desplegado una campaña informativa estimulando su participación en los comicios. Una tarea, tanto la de informar sobre los procedimientos para ejercer el voto como la de divulgar las responsabilidades y ámbitos competenciales de cada una de las administraciones, que ha recaído en aquellos colectivos de inmigrantes organizados a tal efecto. 

La presencia de personas de origen subsahariano, magrebí, latino o asiático en las candidaturas electorales es aún testimonial

El error de no concebir como prioritaria la participación política de la población inmigrante en las convocatorias electorales, el no incorporarla en puestos relevantes de las candidaturas o no hacerlos visibles en responsabilidades gubernamentales (¿alguien puede dudar que un catalán de origen inmigrante gozaría de mejores condiciones para dirigir las políticas de inmigración de la Generalitat de igual manera que una mujer, hoy por hoy, es preferible a un hombre para lo referente a las políticas de igualdad?) en poco ayudan a hacer realidad la cohesión social a la que se debería aspirar.

Adquieren pues mayor valor quienes apuesten por romper con la ecuación mayor invisibilidad política de la población inmigrante igual a menor participación electoral. Razón por la cual habría que recompensar a las organizaciones políticas comprometidas en asumir el pago de la prenda que supone sacudir el tablero de candidatos para facilitar que las listas electorales reflejen la heterogeneidad del país. 

La presencia de personas de origen subsahariano o magrebí, musulmanas o no, de procedencia latina o asiática en las candidaturas electorales aún es desgraciadamente testimonial. Tan cierto es que debería resultar preocupante, como inadmisible, y susceptible de ser castigado en las urnas, el que pudieran existir listas electorales en las que estos futuros cargos electos no apareciesen en posición de ser elegidos o se situasen en puestos de relleno. 

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