Apunte

El precedente de la 'lista Falciani'

La Agencia Tributaria tiene en sus manos investigar a fondo a Juan Carlos I, sin las sospechas que rodearon el caso del HSBC

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El rey emérito Juan Carlos I con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en diciembre del 2018.

El rey emérito Juan Carlos I con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en diciembre del 2018. / AFP / CURTO DE LA TORRE

Hay demasiadas dudas sobre el proceso que está llevando a Juan Carlos I a intentar regularizar su situación con Hacienda por algunas cantidades no declaradas (no, por las no declaradas cuando gozaba de inmunidad, hasta junio del 2014). Sabemos, por la escueta nota difundida por su abogado que la declaración se presentó “sin requerimiento previo” y que supuso el pago de una deuda tributaria de 678.393,72 euros. Informaciones periodísticas apuntan que la declaración se presentó ante la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT).

De ser así, habría que interpretar que la declaración del rey emérito es del IRPF (no, del impuesto autonómico sobre donaciones, como parecía) y la AEAT tendría ahora en sus manos la capacidad de investigar a fondo al contribuyente Juan Carlos I para determinar si la declaración presentada por el impuesto sobre la renta es “completa y veraz”, pudiendo ampliar su investigación a cualquier concepto no prescrito, desde el 2016.

La AEAT tendrá en este caso la responsabilidad de mostrar que es capaz de investigar a un contribuyente sobre el que recaen tantas sospechas de fraude fiscal a partir de las causas abiertas en el Supremo. Deberá evitar asimismo la AEAT la sospecha de trato de favor de que fue objeto en junio del 2010, cuando tras recibir de Francia la ‘lista Falciani envió cartas de aviso a 659 contribuyentes españoles con cuentas en el banco suizo HSBC, requiriéndoles a regularizar su situación.

Antes de cumplirse los 10 días de plazo, unos 300 de ellos presentaron complementarias y pagaron 260 millones (200 millones a cuenta de la familia Botín). Se trata "del mayor proceso de regularización fiscal que haya visto el país en toda su historia", dijo el entonces el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, en el Congreso de los Diputados. Ocaña dijo que esas cartas evitaron que prescribieran deudas del 2005. La Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), sin embargo, habló de «escandaloso trato de favor» de las grandes fortunas por parte de la AEAT.

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Aunque después hubo inspecciones y algunas acabaron en los tribunales, los jueces dieron por válidas aquellas regularizaciones y la Audiencia Nacional acabó archivando el proceso contra el entonces presidente del Santander, Emilio Botín, su hermano Jaime, sus hijos y sus sobrinos por las cuentas que tenían en un banco en Suiza, entre ellos, Ana Botín.

Pues eso.