Apunte
Con regularizar no basta
El rey emérito tiene derecho a su defensa, pero por su cargo debería primar la ejemplaridad
Agustí Sala
Redactor jefe de Economía
Además de El Periódico, trabajé de 1989 a 1990 en La Economía 16, como responsable de Economía en el Diari de Barcelona, de 1989 a 1990; en la sección de Economía de TVE Catalunya de 1987 a 1989, en Antena 3 de Radio, de 1985 a 1987 y en el Diari Menorca, de 1983 a 1985 y Radio 80-Menorca. Además la licenciatura en Ciencias de la Información por la Universitat Autònoma de Barcelona (1992-1986), tengo un posgrado en dirección general (PDG) 2011-2012y un curso de Márketing Digital y Redes Sociales por la EAE Business School
No deja uno de sorprenderse con Juan Carlos I. El Rey emérito ha regularizado 678.000 euros por cantidades por las que no tributó. El acto realizado implica reconocimiento de culpa. Probablemente, como Jordi Pujol manifestó en su día en la famosa carta en la que admitía que no había pagado impuestos por determinadas cantidades, no encontró el momento para hacerlo. Y nosotros que nos lo creemos.
Lo más llamativo es que, después de varios meses de informaciones sobre supuestos manejos de fondos opacos por parte del emérito no haya abierta ni una sola investigación de la Agencia Tributaria. Supongo que si esto afectara a cualquier otro contribuyente otro gallo cantaría. También hemos sabido que ha jugado con cierta ventaja, porque conocía la intenciones de la fiscalía.
Es verdad que Juan Carlos, como cualquier otro ciudadano, tiene derecho a utilizar las herramientas jurídicas existentes para librarse o purgar, en parte, sus culpas. También, como afirma el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es cierto que se tiene que investigar a personas, no a instituciones. Porque quien dejó de pagar impuestos en su día fue Jordi Pujol, no la Presidència de la Generalitat; o, en el caso que nos ocupa, el rey emérito, no la Corona.
Pese a ello, aunque se recurre al Código Penal para librar al emérito de posibles investigacioens, muchos juristas afirman que con la regularización no basta. Es decir, igualmente se le puede perseguir por la vía penal. Y hay otro elemento esencial: fue jefe del Estado hasta el 2014. Al margen de consideraciones sobre su más que cuestionable inviolabilidad hasta esa fecha, además de las formalidades más administrativas y legales existen más ligadas a la naturaleza (hereditaria) de su cargo. Y no en el sentido que dice la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al afirmar que "no es igual" que el resto, sino porque debe ser mucho más desigual, pero en ejemplaridad. Por eso, ¿de verdad que con la regularización ya queda todo saldado?
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