Opinión | Editorial
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Acuerdos cohesionadores
La contracción de la economía europea durante el último trimestre hacía ineludible la movilización de recursos para facilitar el endeudamiento de los estados
La Unión Europea dio pasos en la dirección adecuada entre el jueves y el viernes para fortalecer la cohesión interna y encarar la superación de la crisis económica desencadenada por la pandemia, además de reforzar su compromiso en la lucha contra la emergencia climática. De las medidas anunciadas, la que tendrá un efecto inmediato en el comportamiento de los mercados es la ampliación en 500.000 millones de euros del fondo del Banco Central Europeo (BCE) para la compra de deuda, una forma de facilitar la financiación de los estados en condiciones asumibles y de evitar movimientos especulativos que encarezcan las primas de riesgo. La contracción de la economía europea durante el último trimestre a causa del rebrote de la enfermedad y de las medidas adoptadas para contener las cadenas de contagio hacía poco menos que ineludible la movilización de recursos del BCE para facilitar las cosas a gobiernos, bancos y empresas, necesitados todos ellos de disponer de créditos en términos favorables.
La determinación de Christine Lagarde de mantener bajo control el mercado de la deuda se ha convertido en el capítulo fundamental de la política monetaria del BCE. Tal cosa es necesaria porque las previsiones de crecimiento para 2021 dependen aún de variables imprecisas a pesar de la euforia inicial desatada por el desarrollo exitoso de vacunas. Pero también porque el obligado aumento del endeudamiento durante este año y el próximo podía debilitar la capacidad de los estados de financiarse y afrontar la crisis.
El segundo elemento cohesionador ha sido la aprobación por fin del presupuesto de la UE, que desatasca el programa de reconstrucción por un valor de 750.000 millones de euros. Resulta bastante convincente la fórmula adoptada para que Hungría y Polonia dejen de bloquearlo puesto que pone en manos del Tribunal de Justicia Europeo determinar si un socio transgrede o no las normas del Estado de derecho y si, en este caso, deben retenerse los fondos destinados a él. Con la cualidad añadida de que al ser los jueces quienes se pronunciarán se soslayará la regla de la unanimidad, a menudo paralizante, y se sentará jurisprudencia.
Es indudable que los gobiernos de Hungría y Polonia no dejarán de ser miembros incómodos del club, pero es asimismo cierto que, al confiar a una instancia independiente dilucidar si se vulnera el Estado de derecho, es más fácil evitar maniobras de bloqueo. En todo caso, era necesario dar cuanto antes con una salida para que el fondo de reconstrucción fuese efectivo. De ello depende que varios países, entre ellos España, puedan ejecutar programas específicos consignados en los presupuestos cuya viabilidad depende de las ayudas europeas.
El tercero de los pasos cohesionadores dados sin reservas son los prolegómenos para aplicar planes de contingencia si finalmente Boris Johnson no se aviene a firmar con la UE un tratado comercial que evite un Brexit a las bravas. Ursula von der Leyen ha hecho un ejercicio de realismo al rebajar las expectativas de que es posible un acuerdo in extremis, y los estados han hecho lo propio al prepararse para lo peor. Lo deseable es que el Brexit se consume de forma ordenada en beneficio de ambas partes, pero si el Gobierno británico se mantiene en sus trece, bueno es que Europa disponga de herramientas que suavicen el previsible impacto.
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