La ausencia de Juan Carlos I

Incluso a los más fervientes defensores de la Monarquía les costaría encontrar argumentos para refutar la afirmación de que la salida de España de Juan Carlos I en agosto no fue la mejor operación de gestión de crisis. La marcha del rey emérito -«ante la repercusión pública que están generando ciertos acontecimientos pasados de mi vida privada», según la nota oficial- ha levantado un cortafuegos entre su figura y la de su hijo, el rey Felipe VI, pero no ha logrado apagar el descrédito del emérito entre una opinión pública que asiste -cada vez más irritada que perpleja- a la acumulación de informaciones que hablan de una fortuna amasada, presuntamente, de espaldas al fisco. El último capítulo, que el exjefe del Estado quiere regularizar más de 500.000 euros procedentes de fondos opacos, supuestamente gastados entre 2016 y 2018, cuando ya no estaba protegido por la inviolabilidad, no hace más que añadir leña a un incendio que asedia a una figura que ha sido clave en nuestro entramado constitucional, representando a la Monarquía.

Es indiscutible que no hay que confundir a las personas con las instituciones, ni al actual Rey con su antecesor, ni al padre con el hijo, pero la falta de transparencia hace que estas líneas se vuelven muy finas a los ojos de muchos ciudadanos, también de los partidarios de la monarquía. La forma con la que la Zarzuela ha permitido gestionar la crisis del emérito es fiel a los cánones clásicos de las monarquías: una especie de exilio voluntario, presentado como el último servicio a la Corona por parte de un monarca que, nunca está de más recordarlo, tiene un indiscutible historial de logros por la Monarquía y la democracia en España. El problema es que en la España del siglo XXI los cánones clásicos de las monarquías son difíciles de entender por parte de la opinión pública. La ciudadanía de hoy exige a las instituciones y a quienes las representan ejemplaridad y transparencia. Ninguna de estas dos exigencias básicas en una sociedad democrática moderna se ha dado en el caso de Juan Carlos I desde su abdicación. 

No se trata de desprestigiar las instituciones sino de generar confianza en la ciudadanía; tampoco es el momento de aprovechar las aguas revueltas para impulsar debates de difícil viabilidad sobre el modelo de Estado o de negarle al emérito la presunción de inocencia. De lo que se trata es de que el discurso de que todo el mundo es igual ante la ley no se vea amenazado por ninguna sombra de sospecha de ocultación y de que los organismos del Estado responsables de ello, así como la propia Monarquía, aclaren ante la opinión pública si el emérito vulneró o no la ley y, en caso afirmativo, de qué forma.

En este sentido, cuatro meses después puede afirmarse que es dudoso que el exilio voluntario en el que de facto se halla Juan Carlos I desde agosto refuerce a la institución que representó. Con el emérito en el extranjero, la acumulación de informaciones sobre irregularidades y la magnitud de las cifras que se barajan no hacen más que aumentar las suspicacias entre la ciudadanía, dar munición a los irresponsables aprovechados y erosionar la confianza en que las instituciones del Estado podrán lidiar de forma justa con este asunto.

Es difícil de negar que ha llegado el momento de que el último servicio a la Monarquía de Juan Carlos I sea regresar al país y ponerse no ya a disposición de la justicia, sino a mano, en un ejercicio de transparencia sin la más mínima sombra de sospecha. Y a la vez redefinir el privilegio de la inviolabilidad. Según los cánones de una democracia del siglo XXI.