Editorial

La tragedia de los geriátricos

En Tremp ha acontecido el último caso de mortalidad de ancianos a causa del covid. Tanta muerte y dolor debe servir para diseñar una nueva gestión de los centros

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Una trabajadora de una residencia madrileña habla y acompaña a una residente

Una trabajadora de una residencia madrileña habla y acompaña a una residente / JESÚS HELLÍN / EUROPA PRESS

A lo largo de la pandemia, la situación en los geriátricos y las residencias de ancianos ha sido dramática, un fracaso de gestión que entrará en la historia como una losa en la conciencia de quienes permitieron «flagrantes vulneraciones de derechos humanos». El entrecomillado corresponde al reciente informe de Amnistía Internacional, que analiza de qué manera ha sido tratada la gente mayor. El texto de la oenegé describe desde testimonios escalofriantes durante la primera ola del coronavirus hasta una desprotección general que debe achacarse tanto a la falta de recursos como a la dejadez en la gestión o a la poca celeridad con que las autoridades reaccionaron en los casos de más vulnerabilidad. 

El 70% de las muertes ocasionadas por la pandemia en España se han dado en residencias de ancianos, un dato que nos habla de personas «abandonadas a su suerte», que no han podido tener una muerte digna, sino en solitario, lejos de sus seres queridos, y sin los mínimos de dignidad exigibles. No se ha producido esta tragedia en todos los centros, por supuesto, pero la proliferación de casos y de casuísticas nos conduce directamente a un infierno físico y emocional, desde los protocolos de no derivación a los hospitales hasta los déficits de equipos de protección para los sanitarios y cuidadores (que son asimismo vectores de transmisión), la vergonzante falta de profesionales en un sector altamente precarizado o la demora en la prohibición de las visitas.  

Sin tener aún a mano datos oficiales, la cifra de fallecimientos se eleva casi a los 25.000, de los cuales más de 4.300 corresponden a esta segunda ola. Aun con una incidencia menor, siguen detectándose los mismos déficits que entonces: las medidas de prevención no son efectivas, no existe (o es insuficiente, a todas luces) una coordinación necesaria entre sanidad y servicios sociales, y la dotación de los geriátricos no está adaptada a un tratamiento clínico adecuado por falta de personal, material y espacio. 

En Catalunya, el ejemplo más reciente es el caso de la residencia Sant Hospital, de Tremp. Un contagio de 103 ancianos y 38 trabajadores, con 24 muertes en las últimas dos semanas. Las causas hay que buscarlas, según las fuentes consultadas por este diario, en un primer intento de ocultar el rebrote y en la dilación que se produjo para intervenir la residencia, después de un primer cribado que se tradujo en un 30% de ingresados y un 10% de la plantilla infectados. En octubre y noviembre, la Generalitat ha intervenido 13 geriátricos, entre ellos el de Tremp, la mitad del total de 27 actuaciones practicadas desde el mes de marzo. Este dato nos indica que en estas instalaciones sigue existiendo un problema gravísimo: uno de cada cuatro geriátricos catalanes tiene brotes y un 10% están descontrolados. Además, en el caso extremo de Tremp, el hospital de la localidad no dispone de uci y está al borde del colapso asistencial y sin refuerzos sanitarios.

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Tremp es el último caso de lo que en realidad es un grito de auxilio que pone sobre la mesa un debate ético de primera magnitud. Será este grupo de población el primero en recibir las vacunas que se empezarán a distribuir en enero, con lo cual podrá vislumbrarse el final de este infierno. Pero la tragedia acontecida debe servir para que se planteen seriamente las responsabilidades políticas por una mortalidad que era evitable y para que se pongan los cimientos de una futura y nueva gestión de los geriátricos, más profesional, más controlada, más humanizada.