La Tribuna

Una Constitución viva

No es el momento de vitorear la Carta Magna sino de renovar el consenso de 1978 incorporando nuevos actores políticos y derechos de nueva generación

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Minuto de silencio en el hemiciclo del Congreso por la víctimas del coronavirus

Minuto de silencio en el hemiciclo del Congreso por la víctimas del coronavirus / DAVID CASTRO

Estos días, coincidiendo con el 42 aniversario del referéndum constitucional de 1978, escucharemos el grito de «¡Viva la Constitución!». No es el momento de vitorear la Carta Magna sino de renovar el consenso constitucional incorporando a los nuevos actores políticos, los derechos de nueva generación y la dimensión europea en la que se integró España en 1986. El mejor servicio que se puede prestar hoy a aquel texto fundacional es reafirmar su vitalidad: del «¡Viva la Constitución!» a una Constitución viva.

Empecemos por el inicio. La Constitución de 1978 es el resultado de los frágiles equilibrios de la Transición. El propio texto es el espejo de estas contradicciones y de la calculada ambigüedad de algunos de sus principios. Son fruto del pacto constitucional entre los herederos del franquismo y las fuerzas democráticas emergentes. Aquel texto, refrendado por una amplia mayoría de los ciudadanos -también catalanes-, dio notables réditos: España ha gozado del mayor periodo de plenitud democrática y Catalunya ha alcanzado su más amplio autogobierno.

Las constituciones ni tienen fecha de caducidad como los yogures ni son unas tablas de la ley que se transmiten entre generaciones sin posibilidad de reforma

Desde esta óptica, el análisis de aquellos equilibrios sirve para entender mejor el carácter abierto del texto constitucional y explorar las pistas de su reforma. Ya en el preámbulo, la Carta Magna proclama su voluntad de «proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones». El término «pueblos de España» choca, en la parte dispositiva, con el artículo 1.2 que establece que la soberanía reside en el «pueblo español». 

Un par de ejemplos más. La Constitución, según su artículo 2, «se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española» y, al mismo tiempo, «reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y las regiones que la integran». El término nacionalidad es el eufemismo con el que designa a las naciones históricas de este Estado compuesto que es España. La propia Carta Magna reconocía su carácter preconstitucional en la disposición transitoria segunda al establecer la vía rápida a la autonomía de los territorios que en el pasado hubiesen plebiscitado proyectos de Estatuto. 

Es el caso de Catalunya que, además, había visto reconocido ya el carácter preconstitucional del autogobierno con el restablecimiento de la Generalitat y el retorno de su presidente en el exilio, Josep Tarradellas. También la sucesión en la Corona choca con un precepto constitucional: el artículo 57.1 establece el orden preferente «del varón a la mujer» y el artículo 14 afirma que «los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo (…) o cualquier otra condición». Sirvan estos apuntes críticos para reivindicar la vigencia de la Constitución frente a dos tentaciones igualmente perversas: la de los que descalifican de un plumazo el llamado «régimen del 78» y la de aquellos que se han convertido en guardianes de sus esencias ignorando deliberadamente el espíritu abierto del pacto constitucional. Las constituciones ni tienen fecha de caducidad como los yogures ni son unas tablas de la ley que se transmiten entre generaciones sin posibilidad de reforma.  

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Si en España hubiese habido un 'establishment' inteligente hace tiempo que hubiese propiciado una reforma constitucional. La abdicación de Juan Carlos I en favor de Felipe VI hubiese sido un buen momento. «La actitud de don Juan Carlos a lo largo de los 15 meses de parto constitucional fue la de un discreto apoyo para todo cuando supusiera la incorporación del mayor número posible de fuerzas políticas al proceso constituyente», recuerdan Soledad Gallego-Díaz y Bonifacio de la Cuadra en su Crónica secreta de la Constitución. 

Sí, tarde o temprano habrá que abrir el melón de la reforma: derechos de nueva generación, integración europea, papel de la Monarquía y, sobre todo, un Estado federal que aúne la fuerza de la diversidad y la exigencia de igualdad. El déficit en la cogobernanza ensayada durante la crisis del covid-19 no se corrige con una recentralización sino con más lealtad federal (a gestión de la Francia jacobina y de la Alemania federal me remito). Abran el melón; de lo contrario, se les pudrirá en las manos.