Urge renovar el CGPJ

El próximo viernes 4 de diciembre se cumplirán dos años desde que expiró el mandato del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que, en su actual composición, se ganará así el dudoso honor de ser la institución del Estado que habrá pasado más tiempo en funciones. Una situación anómala que urge resolver de inmediato, porque incumple el mandato legal de renovación de sus miembros cada cinco años y condiciona negativamente sus funciones como órgano de gobierno de los jueces. Es la falta de consenso político la que ha puesto al CGPJ en esta extrema posición, pero muy en especial la resistencia demostrada por el PP a perder la mayoría conservadora en ese organismo, elegido durante el Gobierno de Mariano Rajoy, y sustituirla por una representación más acorde a la actual composición del Parlamento, que es quien elige a sus componentes. 

Dice el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que del pacto entre el Gobierno y el PP para renovar el CGPJ «solo falta hacerlo público», pero lo cierto es que el líder popular, Pablo Casado, no acaba de dar su autorización para que se haga. Hay precedentes de su renuencia a dar el paso último para sellar el acuerdo, porque ya en dos ocasiones anteriores ha dado marcha atrás cuando estaba ultimado, en 2018, cuando caducaba el mandato del órgano judicial, y el pasado verano. Ahora, como publica EL PERIÓDICO, el pacto está de nuevo prácticamente cerrado, se conocen los nombres de los magistrados y juristas propuestos por ambas partes y se sabe qué personas se barajan para presidirlo, todas de corte moderado para facilitar que sean aceptadas por el PP.

Pero los populares siguen buscando injustificadas excusas para no culminar la renovación. La última esgrimida este lunes por Casado es que el apoyo de ERC y Bildu a los Presupuestos Generales «dificulta un acuerdo en el terreno judicial». Ese pretexto se suma a sus otras exigencias, como que Unidas Podemos no participe en las negociaciones para la renovación –no lo hace porque las conversaciones las llevan el ministro de Justicia y el responsable de justicia del PP, Enrique López– y que se retire la proposición de ley que PSOE y Podemos presentaron para reemplazar la mayoría de tres quintos necesaria ahora para la elección parlamentaria de los miembros del CGPJ por una mayoría absoluta simple. Esa propuesta fue un error político que el presidente Pedro Sánchez paralizó en aras del consenso. A Casado se le acaban las coartadas y estaría bien que abandonara el tacticismo partidista y se decantara por las políticas de Estado.