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Armonización desquiciada

El cruce de bravuconadas sobre la fiscalidad autonómica ha sacado del quicio de la racionalidad los argumentos de los expertos

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La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, conversa con el presidente el Gobierno, Pedro Sánchez.

La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, conversa con el presidente el Gobierno, Pedro Sánchez. / JOSÉ LUIS ROCA

El acuerdo entre el Gobierno de coalición y ERC para crear una comisión bilateral en la que negociar una armonización fiscal del impuesto de Patrimonio ha sacado del quicio de la racionalidad un propósito que, hasta ahora, era comunmente aceptado por la mayor parte del arco político y autonómico, incluidas las comunidades del PP, con la única excepción --claro está-- de la Comunidad de Madrid.

El episodio se ha convertido en un ejemplo de cómo los intereses electorales (de ERC, pensando en las autonómicas de febrero) y de la oposición (personificados en la presidenta de Madrid) pueden acabar trastornando la racionalidad, convirtiéndola en algo desquiciado, con acusaciones cruzadas de “paraíso fiscal” contra Madrid y de “infierno fiscal”, contra Catalunya, y bravuconadas varias en una y otra dirección.

Más racional resultó, en todo caso, la Comisión de Expertos para la Revisión del Modelo de Financiación autonómica que se constituyó en febrero del 2017, con estudiosos designados por cada una de las comunidades autónomas. Su informe subrayó la conveniencia de introducir una cierta armonización en los impuestos cedidos a las comunidades autónomas.

"Resulta preocupante la posibilidad de que la competencia por atraer bases tributarias más móviles conduzca a tipos inferiores a los deseables en determinados impuestos patrimoniales o, incluso, a la desaparición de figuras que cumplen una función redistributiva necesaria, como el impuesto sobre Sucesiones y Donaciones", decía el informe. El texto abogó por el establecer mínimos y máximos en el impuesto de Sucesiones. Pero, ciertamente, los expertos encontraron mayor dificultad en lo relativo al impuesto de Patrimonio y tuvieron que que reconocer la falta de acuerdo en el seno de la Comisión sobre la conveniencia de establecer o no un nivel mínimo de tributación en este impuesto.

En sus observaciones posteriores al informe, Madrid (PP) hizo constar su rechazo frontal a cualquier intento de armonización. También lo rechazó Baleares (PSOE). El Govern de Carles Puigdemont se autoexcluyó del debate. Y la Galicia de Alberto Núñez Feijóo (PP) opinó que la armonización tributaria debería limitarse a establecer mínimos de tributación para evitar deslocalizaciones ficticias de contribuyentes.

Ahora Feijóo ha vuelto a abogar por fijar una horquilla de máximos y mínimos. Subraya que armonizar no es solo subir impuestos, pero para quien tiene una tributación cero (como es el caso de Madrid, en Patrimonio) es difícil pensar en otra cosa distinta.

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Ni siquiera el País Vasco o Navarra, con sus ventajosos sistemas de financiación, se han permitido desmontar el impuesto del Patrimonio ni renunciar a los163 y 40 millones, respectivamente, que les permite dar mejor servicios a sus ciudadanos.

Por cierto, hablando de armonización y de comisión de expertos, el informe del 2017 también recomendaba que, “de forma inmediata”, las comunidades forales de País Vasco y Navarra debían comenzar a contribuir al fondo de nivelación interterritorial de servicios básicos del que Madrid, por otra parte, es el máximo contribuyente.