Editorial

Arbitrariedad bajo la 'ley mordaza'

La ley de seguridad ciudadana no puede amparar actuaciones policiales arbitrarias y sancionar a quien exprese su rechazo a ellas

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El Periódico

Manifestación contra la ’Ley Mordaza’ en la Puerta del Sol de Madrid, en una imagen de archivo de junio del 2015.

Manifestación contra la ’Ley Mordaza’ en la Puerta del Sol de Madrid, en una imagen de archivo de junio del 2015. / JOSE LUIS ROCA

Desde su aprobación en el año 2015, la ley de seguridad ciudadana impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy, conocida como la 'ley mordaza', ha sido contestada por los movimientos sociales que veían en ella un instrumento para obstaculizar sus movilizaciones y las asociaciones de periodistas que la han considerado un obstáculo para el ejercicio de la libertad de información. Cuestionada por el Defensor del Pueblo y recurrida por 114 diputados, no obstante, el Tribunal Constitucional ha dictaminado su constitucionalidad, con una excepción, la prohibición de grabar o fotografiar sin permiso a policías identificados como tales en el ejercicio de sus funciones, que ha considerado incompatible con el derecho a la libertad de información. No obstante, agotado así el recorrido judicial, la vía parlamentaria ha entrado en la cuentra atrás de su reforma después de que el pasado mes de septiembre se admitiera a trámite la iniciativa impulsada por el PNV y recogida en los acuerdos entre el PSOE y Podemos. Aunque la agenda legislativa haya quedado condicionada por la pandemia y la prioritaria tramitación de los Presupuestos, al igual que otras reformas incluidas entre los compromisos prepandémicos del Gobierno de Sánchez, como la reforma de la ley de educación, ha llegado ya el momento de abordarla.

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Mientras los sindicatos policiales defienden que la ley ofrece un marco claro para su actuación y resulta necesaria para regular de forma clara el ejercicio de derechos como el de manifestación, EL PERIÓDICO recoge hoy un buen numero de ejemplos que ilustran uno de sus aspectos más cuestionables, despejado ya el que la convertía de forma más evidente en instrumento de opacidad informativa. Se trata de la facilidad con que la acusación de resistencia a la autoridad, por la vía administrativa y con la presunción de veracidad de las fuerzas de seguridad como blindaje, quizá permita sustanciar sin el peso –también sin las garantías– de un procedimiento penal incidentes entre ciudadanos y policías, pero en demasiadas ocasiones puede convertirse en un simple recurso para facilitar sin control alguno actuaciones impunemente arbitrarias y autoritarias y sancionar a quien simplemente exprese de desacuerdo con ellas.