Editorial

La competencia desleal de Madrid

El problema de desequilibrio territorial, extremado por el 'dumping fiscal', lo sufren todas las comunidades, no solo Catalunya

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El Periódico

Isabel Díaz Ayuso, en un acto con el sector de la hostelería.

Isabel Díaz Ayuso, en un acto con el sector de la hostelería. / EFE

El anuncio de Gabriel Rufián de que uno de los acuerdos de ERC con el Gobierno para apoyar los Presupuestos del 2021 es avanzar hacia una armonización fiscal autonómica que, en palabras del portavoz republicano, ponga fin al «paraíso fiscal de Madrid», ha abierto una nueva batalla entre el PP, en particular la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y el Ejecutivo. Definir la Comunidad de Madrid como un paraíso fiscal puede ser excesivo, pero lo cierto es que la política de impuestos bajos practicada en esa autonomía por los sucesivos gobiernos populares se ha convertido en una práctica de 'dumping fiscal' que perjudica al resto de las comunidades, al atraer hacia la capital del Estado a empresas y a personas de rentas altas, que se residencian allí seducidas por su baja fiscalidad. En Madrid el impuesto sobre el patrimonio está exento, existen importantes bonificaciones en sucesiones y donaciones y el impuesto sobre el IRPF es el más bajo de España en el tramo autonómico.

Esa desleal competencia fiscal se suma al efecto capitalidad, que contribuye a que muchas sociedades mercantiles elijan Madrid para establecerse por el hecho comprobado de que 9 de cada 10 contratos estatales se gestionan desde Madrid y casi el 60% de las adjudicaciones públicas se hacen a empresas de la capital. Es esa capacidad extractora la que también lleva a que muchos profesionales cualificados elijan Madrid para trabajar. Hace dos meses fue el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, quien alertó de esta inquietante realidad. Es indudable que algunos de los efectos perversos de la vocación acaparadora de la capital se podrían suavizar, desde luego aquellos que dependen del Boletín Oficial del Estado, a poco que quienes realizan las adjudicaciones tuvieran una mayor sensibilidad sobre el equilibrio territorial.

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Más allá de la contradicción que supone que un partido como ERC esté reclamando límites para la autonomía fiscal de las comunidades (especialmente para la de Madrid), la medida que el Gobierno debe abordar con más urgencia es, sin duda, la de la armonización fiscal, topando por abajo y por arriba los impuestos cedidos a las comunidades, de manera que ninguna pueda eliminarlos o dejarlos en una contribución meramente anecdótica, como hace la autonomía madrileña. 

Esa reforma de la fiscalidad territorial es una idea largamente albergada por el Gobierno y, en particular, por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que está dispuesta a emprenderla en 2021. Ya en 2017 los expertos que asesoraron al ministro de Hacienda del PP, Cristóbal Montoro, alertaron de que esas diferencias impositivas eran «una de las debilidades» del sistema. La implicación de ERC en el acuerdo ha llevado a que las críticas de los populares -Ayuso respaldada por Pablo Casado-, se hayan centrado engañosamente en las empresas que marcharon de Catalunya, pero no, la competencia desleal de Madrid no es un problema catalán sino de equilibrio territorial y la padecen todas las comunidades, incluidas aquellas otras gobernadas por el PP.