Deslealtad

Si la incertidumbre es sinónimo de la pandemia, la deslealtad lo es de la política. Por lo menos en tiempos de angustias y turbulencias como los actuales, cuando lo imprescindible sería todo lo contrario. Respeto y dignidad. Y de esto se ha hablado mucho esta semana.

De desleales se acusaron los partidos del Govern de la Generalitat por la filtración de un documento oficial sobre una propuesta de desescalada que no fue. El escándalo que venía de atrás sirvió de ariete para reconducir el contencioso con muchos sectores de la sociedad cansados de sentirse abandonados a su suerte a causa de una fuerza mayor pero manejada con destreza menor. Porque el problema no está en obligar a cerrar negocios ni a recortar libertades si las compensaciones,  económicas o divulgativas, son las ajustadas para paliar el desastre. Véase Alemania. O Francia. Pero aquí esto no es así porque tristemente así no puede ser. Recordando a Josep Pla, aflora la genuina pregunta catalana: 'I això, quí ho paga?' Y como en la respuesta encontramos limosnas, retrasos, pugnas y carreras, la indignación sube mientras la confianza baja.

Añadamos que la capacidad informativa del Ejecutivo catalán es muy limitada, y que sin transparencia no hay convicción, y tendremos la base de largos desencuentros políticos y sociales que no han hecho más que empezar.   

Contagio en Madrid

Como si de otro contagio se tratara, la deslealtad también alcanzó a Madrid. Allí, destacados miembros de las formaciones políticas que conforman el Gobierno usaron el término para agredirse por los dos frentes que estos días mantienen en vilo la sensibilidad ciudadana. Los migrantes llegados a Gran Canaria y la desoladora gestión de su presente por una parte. Por la otra, el intento de evitar que en tiempo de turbación no se fuerce la mudanza por desahucio. En el primer caso, Unidas Podemos del archipiélago alzó la voz contra el ministro del Interior del Gobierno en el que participan. En el segundo, por la puerta de atrás y de la mano de Esquerra y Bildu, presentaron una enmienda a los Presupuestos que poco tiene que ver con las cuentas, pero que escenifica una iniciativa para forzar una ley que, impidiendo desalojos inmobiliarios a los más desfavorecidos, cubra de paso el decreto de la Generalitat en este mismo sentido, ya que la justicia lo considera inútil legalmente por un problema de competencias administrativas.

En un marco más general y expansivo, el concepto de deslealtad hace tiempo que se lo cruzan gobiernos y oposiciones. A veces incluso apelando a la traición al país respectivo –Catalunya o España– cuando le quieren reducido a su particular y antagónica mirada. Con lo cual, y a fuerza de ir repitiendo la misma desconsideración, se desgata el término de tanto usarlo mientras se pierde la confianza de tanto abusar de ella. Y por mucho que después intenten matizar, muestren falso arrepentimiento y simulen que todo fue una mala interpretación, que pacten no volver a caer en la tentación, coordinarse mejor y mirar hacia adelante, saben que el daño hecho es irreversible. Porque con la deslealtad pasa como con la mentira según Nietzsche: el problema no está en el hecho de fallar, sino que a partir de entonces ya no se puede creer a quien ha engañado. Pues eso.

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