Llenar la hucha de derechos

Hace poco alguien me decía que todo es posible hasta que se vuelve la mirada al dinero disponible. Mi respuesta: es una cuestión de prioridades. Podemos permitirnos soñar, pensar a lo grande y ser realistas al mismo tiempo. Simplemente hay que tener claras las prioridades y optar por aquella opción que nos permita ofrecer la mejor respuesta. Se trata de eficiencia y evidencias, dos conceptos que a menudo se consideran lejanos a las políticas sociales, normalmente tratadas como gasto. Quizás ahí esté el fallo. 

En este año tan anómalo y complejo coinciden los debates y negociaciones sobre los Presupuestos Generales del Estado con el mes en el que se celebra el aniversario de la Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas.

Resulta inevitable pensar que quizá no es coincidencia sino una llamada a los responsables políticos para que los presupuestos (el documento que refleja las verdaderas prioridades e intereses de un país) ponga por fin la atención sobre la infancia y la adolescencia. 

En este sentido, ¿cuánta importancia le han otorgado los diferentes gobiernos de España a la infancia? Siendo España la 4ª economía de la zona euro, la inversión en políticas familiares es del 1,3% de su PIB, mientras que la media de la Unión Europea se sitúa en el 2,3%. Invertimos casi la mitad que nuestros países vecinos.  

Estamos invirtiendo poco, pero lo que es más importante, ¿estamos invirtiendo bien? En esa lógica de optimización de recursos, ¿no deberíamos identificar aquellas medidas que sean las más eficientes? Y ahí está la clave, debemos tener claro el objetivo a alcanzar para poder medir si una medida ayuda a llegar a él. Si hablamos en clave de infancia parece claro, el objetivo es garantizar sus derechos. Y eso supone, luchar contra la pobreza infantil, promover la equidad educativa, prevenir y proteger de la violencia, garantizar la no discriminación, etc. 

Eficiencia económica

Pero, no nos equivoquemos, invertir para garantizar los derechos de la infancia y la adolescencia no está reñido con la eficiencia económica. El coste anual de las consecuencias del maltrato infantil hacia los niños y niñas en España, por ejemplo, se estima que asciende a 11.636,62 millones de euros, mientras que la ley que aborda todas las formas de violencia costaría 452.000 millones de euros a repartir en cuatro años. Las cuentas salen. 

Hay otra información que sabemos: criar un hijo atendiendo adecuadamente a sus necesidades y derechos cuesta entre 480 y 720 euros al mes, según estén en edad de pañales y escuela infantil o en edad de comer como limas para crecer, estudiar y comprar ropa. Utilicemos este diagnóstico para tomar decisiones que marquen la diferencia. Por ejemplo, en Catalunya, una comunidad de coste de vida alto, el coste medio de la crianza es de 626 euros. Si a eso le sumamos los costes de vivienda que se tienen, incluso cuando no hay niños en el hogar, afrontar los gastos mensuales se vuelve más difícil. De hecho, tras el confinamiento vimos que los ingresos de las familias que ya se encontraban en una situación vulnerable antes del covid-19 se desplomaron, de ahí que tener en cuenta a la infancia y la adolescencia en los presupuestos de la reconstrucción estatales y autonómicos sea fundamental. 

Mirar a "lo social" a la hora de elaborar presupuestos en términos de inversión y no sólo de gasto puede marcar la diferencia. Para ello es necesario conocer los datos, conocer a las familias y sus necesidades, las políticas que mejor funcionan, pero también marcar una ruta hacia el objetivo final de garantizar los derechos que tenemos como personas. Así estaremos realmente optimizando. 

En definitiva, llenar la hucha de derechos no es ser ingenua, es tener las cosas claras. 

Catalina Perazzo. Directora de Sensibilización y Políticas de Infancia de Save the Children.