Crisis migratoria en Canarias

La incesante llegada en los últimos meses de cayucos y pateras a Canarias está provocando un drama humanitario de gran magnitud en las islas y poniendo en evidencia la <strong>precaria gestión migratoria del Gobierno</strong>, además de una profunda descoordinación entre los diferentes ministerios con competencias en este asunto, lo que limita aún más la capacidad de respuesta a la avalancha de migrantes. Desde enero han llegado cerca de 17.000 personas desde las costas africanas a una comunidad donde no hay capacidad suficiente para albergarlas, lo que ha provocado que muchas permanezcan hacinadas en lugares como el muelle de Arguineguín, en Gran Canaria, donde se apiñan más de 2.000 migrantes, en condiciones infrahumanas y sobrepasando con creces las 72 horas que, según la ley, pueden estar bajo custodia policial. Se trata, por lo tanto, de una crisis de llegada, por una ruta que permanecía prácticamente inactiva desde hace una década, pero también de un problema de evidente incapacidad para gestionarla.

En los últimos días, después del lamentable episodio del traslado policial de más de 200 migrantes de la dársena de Arguineguín, sin tener siquiera un alojamiento previsto para ellos, el Ministerio de Defensa ha facilitado cinco instalaciones militares donde levantar campamentos provisionales para acoger a los miles de magrebís y subsaharianos que se agolpan en las islas. Es una solución que permitirá aliviar temporalmente esta dramática situación y garantizar a los migrantes el trato humanitario más básico. Pero la crisis migratoria canaria precisa de otras actuaciones, también inmediatas, como es acabar con la descoordinación interministerial, y la del Gobierno central con el Ejecutivo autonómico, para abordar, aunque sea ya de manera tardía, una problemática que no se resuelve solo con el establecimiento de campamentos.

En ocasiones anteriores se ha logrado aligerar la presión migratoria estableciendo sólidos convenios de cooperación con los países de origen y de tránsito. Los ministros de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de Exteriores, Arancha González Laya, tratan también de hacerlo ahora. Esa puede ser una salida. Pero es urgente que se alcance. Hasta el momento, el Gobierno se ha resistido a trasladar a quienes arribaron por mar a Canarias a centros de acogida de la Península para evitar el efecto llamada. Pero al no hacerlo, concentra en el territorio insular un potencial conflicto, que puede devenir en una situación como las que ya se han vivido en Lesbos o Lampedusa.