Azaña y las reformas republicanas

(En memoria de Maria Salvo)

Este mes hace 80 años moría en el exilio de Montauban, una población francesa cercana a Toulouse, Manuel Azaña, que fue presidente de la Segunda República. Hacía poco que había acabado la guerra civil en el terreno militar. Pero, de hecho, no había acabado con aquel ominoso parte del 1 de abril dictado desde el cuartel general del general franquísimo. Sin solución de continuidad, la dictadura había proseguido una guerra sin cuartel contra los opositores políticos. En la Francia ocupada por el Ejército nazi, los republicanos españoles eran un objetivo fácil para represión franquista. La muerte de Azaña se anticipó a la detención que anhelaba el régimen con la colaboración de la Gestapo para traerlo a España y fusilarlo como hicieron con Julián Zugazagoitia, Lluís Companys y tantos otros. El proceso reformista que un liberal como el presidente republicano encabezó en el bienio republicano-socialista (1931-1933), fue un intento de modernizar un país profundamente atrasado y aislado internacionalmente.

Un atraso por obra y gracia de una estructura económica lastrada por una oligarquía agraria latifundista y una intensa desigualdad social, un Ejército intervencionista sobre el poder civil, con la implicación directa de una monarquía corrupta y la presencia omnímoda de la Iglesia católica en la enseñanza y en el tejido social, en buena parte sujeto al poder caciquil. Y todo ello en un contexto de un Estado centralizado.

Ministro y presidente

A todo tuvo que hacer frente la República del 14 de abril, donde la figura y la obra de Azaña adquirieron gran relieve en los debates del proceso constituyente y la Constitución de 1931 y en su labor como Ministro de la Guerra y presidente del Gobierno. Especialmente en las reformas militares, a fin de asegurar el sometimiento del Ejército al poder civil, la separación de la Iglesia del Estado, la enseñanza laica y la defensa del modelo de Estado integral y el Estatuto de Autonomía de Catalunya.

A 90 años de aquel intento republicano de modernizar el Estado, además de rememorar la figura del presidente Azaña, ¿tiene sentido evocar la actualidad de aquellas reformas frustradas por la guerra civil y la dictadura? La respuesta sigue siendo afirmativa respecto de algunos de los ámbitos que la Segunda República intentó abordar y siguen pendientes de ser tratados con perspectiva de Estado. Por ejemplo, la enseñanza. En este campo, el régimen republicano, a pesar del escaso espacio de tiempo del que dispuso en época de paz, bajo la dirección de Fernando de los Ríos, llevó a cabo una política de fomento de la escuela pública y la enseñanza laica, apartando a las órdenes religiosas de esta actividad decisiva para el Estado y la formación de la ciudadanía en la razón. Sin embargo, el sistema democrático actual no ofrece una buena carta de presentación: inestabilidad normativa en un tema tan sensible, donde cada mayoría política ha modificado la legislación educativa anterior, creando inseguridad jurídica y lo que es más grave, ausencia de un modelo educativo estable. No ha habido una apuesta clara por la escuela pública de calidad y un profesorado adecuado que responda a idéntica exigencia. No es admisible que la calidad haya que ir a buscarla en la escuela privada, ni que la concertada sea financiada en aquellos casos en los que su ideario docente choca con mandatos constitucionales claros. Así, por ejemplo, resulta inaceptable que el dinero público pueda ser destinado a escuelas en las que se organiza la enseñanza por separación de sexos. 

Signos de agotamiento

La organización territorial definida a través del Título VIII de la Constitución con el llamado Estado de las autonomías, con todas sus luces y sombras, hace tiempo que ofrece signos de agotamiento. Si la Segunda República intentó afrontar el reto de la diversidad política de los pueblos que integran España, en la actualidad el problema político que ha supuesto el proceso secesionista en Catalunya requiere también un esfuerzo acorde que tenga traducción en el ámbito político y constitucional, que permita una mejor articulación de la pluralidad política existente en el ámbito territorial.

Otro aspecto deficitario que requeriría un esfuerzo para reconducir algunas líneas de comportamiento concierne a la baja cultura institucional que se detecta en el personal político, tanto en el ámbito estatal como en el resto de administraciones públicas. Ello se manifiesta, por ejemplo, en la adecuada concepción de las atribuciones de un Gobierno en funciones, en los procesos de renovación de órganos constitucionales, en la necesidad de modernizar el sistema de reclutamiento de jueces, etc. En definitiva, elementos propios de la cultura republicana de aprecio a la dignidad de la cosa pública y la salvaguarda del interés general. 

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