Crisis migratoria
Llegaban personas
Ahora se comienza a notar cómo la pandemia ha afectado a las poblaciones africanas
Ruth Ferrero-Turrión
Profesora de Ciencia Política en la UCM e investigadora sénior en el Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI)
Ruth Ferrero-Turrión
Una nueva crisis migratoria se cierne sobre Canarias. Desde hace semanas se llevan registrando un número importante de llegadas a las islas. A muchas nos recuerdan a la situación vivida en el archipiélago allá por 2006, cuando tuvo lugar la denominada 'crisis de los cayucos'. Entonces, igual que ahora, llegaban personas. Personas procedentes de Senegal, Mauritania, del África Subsahariana y también de Marruecos. Entonces fueron 31.678, ahora las cifras crecen y ya estamos en más de 11.000 personas. Personas que viven hacinadas en un lugar llamado Arguineguín. Un nuevo campamento de la vergüenza que se suma a Moria, Calais, Lampedusa o Subotica.
Entonces, en 2006, el Gobierno lanzó una ofensiva para frenar las llegadas. Llamada de atención al Frontex, recién inaugurado en Varsovia, y un Plan África cuyo objetivo era reducir las llegadas de migración irregular a cambio de beneficios para los países que firmaran acuerdos de repatriación y colaboraran en el control fronterizo de su propio país. Para conseguirlo se pagaron salarios a policías y autoridades mauritanas y senegalesas, a cargo de los presupuestos de cooperación al desarrollo, para que evitaran la salida de personas. Se vulneraba de esta forma el artículo 13.2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. Esta política ha continuado. El dinero sigue llegando a esos países, pero no a sus gentes. Y también hay despliegue del Frontex.
Ahora es cuando se comienza a notar cómo la pandemia ha afectado a las poblaciones africanas. Las personas que llegan lo hacen huyendo de la miseria que se respira en Gambia, Senegal, Mauritania, Marruecos, del hartazgo del conflicto del Sáhara Occidental recrudecido durante las últimas semanas. Crisis económica, conflictos, cambio climático, persecuciones. Las mismas causas que entonces, las mismas consecuencias también con el agravante del covid-19.
Mientras tanto, en Canarias, se les busca un alojamiento digno ante las resistencias del sector hotelero que lo ven como una nueva amenaza a una situación ya de por sí muy delicada. Ayudas estatales al sector sí, solidaridad con las personas que llegan, no tanto. La estrategia del Gobierno es clara, mantener a esas personas que llegan en Canarias. No habrá, de momento, traslados a la península y se confía en que los países de origen y tránsito acepten las deportaciones. Los viajes del presidente y el ministro del interior a Argelia, Líbano o Túnez tienen como objetivo que estos países acepten las repatriaciones. Mientras, el Tribunal Constitucional avala las expulsiones en caliente en lugar de ser garantista y proteger a las personas. Se continúa articulando una política que pone al migrante como amenaza y lo condena al ser 'el otro que llega', no la persona que viene.
Es el eterno retorno de una estrategia que no funcionó entonces, y que tampoco funcionará ahora. Y ellos lo saben.
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