Entramos en las ayudas de segunda generación

La crisis sanitaria y económica está durando más de lo que se pensaba en marzo, cuando se adoptaron las primeras medidas sociales y económicas. Con la segunda ola del virus llega la segunda generación de ayudas y el Gobierno se dispone este martes a sacar adelante una nueva hornada de medidas.

La vicepresidenta Nadia Calviño ha adelantado que en el Consejo de Ministros se ampliarán los plazos de amortización y de carencia de los créditos ICO pero también están sobre la mesa medidas de nueva generación. El Gobierno, o una parte de él, ha entendido que ahora es el momento también de las ayudas directas, subvenciones a fondo perdido, y eso es lo que, en principio, se va a valorar a partir de ahora, pensando en los sectores más afectados por las renovadas restricciones al movimiento: turismo, bares, restaurantes, pequeño comercio y transporte, entre otros. Es lo que esperan ahora los empresarios, tal como demanda el presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre.

En esta segunda generación de ayudas, ya no se está pensando solo en medidas de apoyo a la liquidez de las empresas (a través de los avales del ICO). Ahora se piensa también en otras que permitan reforzar la solvencia de empresas que eran rentables antes de la pandemia, que seguramente volverán a serlo después, pero que no pueden más en esta travesía del desierto que se está haciendo demasiado larga. El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha vuelto a pedir al Gobierno un fondo de rescate para reforzar el capital de este tipo de pymes y la vicepresidenta Calviño, de forma genérica, ha recogido el guante.

Y luego hay que pensar qué hacer con el cerrojazo a las quiebras que impuso el Gobierno. El 31 de diciembre vence la moratoria aprobada por el Gobierno en abril para los concursos de acreedores. El objetivo era evitar conducir a la quiebra o suspensión de pagos a empresas rentables que se iban a ver inmersas en dificultades graves, pero transitorias, por la pandemia. El hecho es que las dificultades siguen y el <strong>Banco de España</strong> ya se está preguntando qué va a pasar con esta fecha límite. Si se abre la compuerta, puede haber una arroyada de quiebras en los tribunales mercantiles con graves consecuencias, también, para la solvencia del sector financiero. Si se mantiene el cerrojo, puede ser un alivio para empresas rentables con dificultades, pero también para <strong>las 'zombis'</strong>.

El Gobierno también deberá decidir hasta cuándo mantener la normativa anti-opas que adoptó en marzo para salvar a las grandes empresas españolas con fuertes caídas bursátiles de una compra fácil por parte de 'buitres' externos a la UE. Con pérdidas de más del 50% de su valor, algunas grandes empresas del Ibex, habrían sido presas fáciles de estas rapaces. La expectativa de una pronta vacuna ha abierto esta última semana la espita de una rápida recuperación bursátil de los valores y la pregunta es si el Gobierno también dará a este escudo un barniz de segunda generación.

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