Jugando a la hipérbole con Sánchez

Inés Arrimadas quiere participar de la mayoría que vaya a aprobar los Presupuestos Generales y salvar a España de sus enemigos, los independentistas, todo de golpe; soslayando que para salvar España ya está el PSOE, y para aprobar los presupuestos, los socialistas disponen de mayorías alternativas a la suya. El único margen de maniobra de Ciudadanos está en la voluntad de Pedro Sánchez de aprobarlos con una amplísima mayoría de la que participen Ciudadanos y ERC, certificando así su éxito en la gestión de la excepcionalidad. Arrimadas le ha puesto precio a este éxito, jugando con la hipérbole, la especialidad de Sánchez.

La primera exigencia es baladí. Sánchez no se ha mostrado nunca dispuesto a convocar un referéndum de independencia en Catalunya; porque el PSOE está en contra y porque aunque  estuviera dispuesto a transigir para salvar su Gobierno se toparía con la Constitución. De acogerse a las tesis minoritarias de los juristas que creen que no habría dificultad jurídica para un referéndum consultivo, siempre chocaría con la doctrina del Tribunal Constitucional. Los magistrados tienen prohibidas las consultas con preguntas capciosas sobre la unidad de España desde el ‘plan Ibarretxe’.

Exigencia abstrusa

La segunda exigencia es abstrusa. ERC cree haber conseguido blindar el catalán en las escuelas de Catalunya anulando un redactado explícito de la ‘ley Wert’ en favor del castellano como lengua vehicular en todas las escuelas españolas. Otra hipérbole, tan infundada para muchos juristas como la de Ciudadanos. La ley del PP entró en vigor en el 2013 y el catalán sigue siendo la lengua vehicular en las escuelas catalanas, porque esta discutida decisión no depende estrictamente de la LOMCE.  El Tribunal Constitucional declaró constitucional el artículo 35 del Estatut con una hábil fórmula interpretativa, su famoso “nada impide” que el catalán sea vehicular, ni “nada permite” que el castellano no goce de idéntico derecho.

 A partir de ahí, el blindaje del catalán descansa en la Llei d’Educació de Catalunya del 2009, aprobada antes de la sentencia estatutaria, examinada a su vez por el TC en el 2011 sin mayores sobresaltos. La clave del conflicto está en la proporcionalidad del uso del castellano como lengua de enseñanza y en poder demostrar la competencia de los alumnos en el uso de ambas lenguas oficiales. El fiel de la balanza se ha sometido en diversas ocasiones a la justicia ordinaria y ningún juez ha mandado de nuevo la ley al TC, limitándose a instruir a la administración sobre horarios y derechos de grupos, siempre muy minoritarios.

Una nueva ley

La vigencia de la ley del 2009 se les escapa a Sánchez y a Arrimadas, a menos que un día tengan votos suficientes para aprobar una nueva ley de educación en el Parlament. Eso contando que Sánchez quisiera y que el PSC se lo permitiera, renunciando a su condición de padre de la ley (con ERC y CiU) y dimitiendo de su militancia en el catalanismo político, adscripción que en otros tiempos le concediera sus mayores éxitos electorales.  

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