La prensa de verdad

Con las mejores intenciones se puede hacer mala literatura; también redactar malas resoluciones gubernamentales. Este es el caso de la orden del Ministerio de Presidencia, con fecha de 30 de octubre, por la que se crea el Procedimiento de Actuación contra la Desinformación -noticias falsas-, aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional. La Moncloa se apresuró a precisar que, en ningún caso, "vigilará, censurará o limitará" la libertad de información.

'Excusatio non petita, accusatio manifesta', dice la máxima latina. En efecto, el sistema de control que se intenta poner en marcha podría cruzar la línea roja del derecho a la información que protege la Constitución. En concreto, como ha alertado la Asociación de Medios de Información (AMI), podría suponer una vulneración de su artículo 20 que reconoce el derecho «a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción».

Es una realidad objetiva, como lo evidencian Trump y las redes sociales, que las falsas noticias y los bulos no solo contaminan la información sino que socavan el regular funcionamiento de las instituciones. Sin embargo, en el marco del Estado de Derecho, son los tribunales quienes deben dirimir los límites de una libertad de información que, según la jurisprudencia, es un derecho prevalente.

La prensa de calidad y los profesionales de la información son los primeros interesados en combatir las falsas noticias por dos razones: porque amenazan su credibilidad ante los lectores y porque suponen un peligro para la calidad de la democracia. Entendemos la preocupación que muestra el Gobierno ante la proliferación de falsas noticias, pero constatamos que establecer niveles de activación que podrían llegar a la "toma de decisiones y coordinación a nivel político en el marco del sistema de seguridad nacional", como se apunta en la orden publicada en el BOE, puede vulnerar la separación de poderes y conllevar una asunción de responsabilidades que solo corresponde al poder judicial.

Son de agradecer las buenas intenciones del Gobierno, pero sería aconsejable que empezase por hacer su trabajo comenzando, por ejemplo, por la transparencia informativa. La prensa de verdad, es decir, los medios que nos identificamos con el derecho constitucional "a comunicar o recibir libremente información veraz", intentaremos seguir haciendo el nuestro, mejor cada día. La búsqueda de la veracidad es una tarea cotidiana que exige rigor, precisión y exactitud precisamente para combatir las falsas noticias.