Cobrar paro, erte o renta mínima

A lo largo de estos meses de destrozo social y económico, el colchón social ha funcionado para evitar una genuina catástrofe. Así, a los instrumentos tradicionales, como el subsidio por paro, se le han añadido otros como los erte, el ingreso mínimo vital u otras modalidades de subsidio para desempleados. Todo ello conforma un entramado asistencial complejo, con el que evitar que millones de personas carezcan de, incluso, bienes tan básicos como alimentación y vivienda, y puedan caer en una precariedad irreversible. Así, hemos podido transitar durante meses con una relativa tranquilidad, a la espera de que la situación sanitaria, con o sin vacuna, se controle y podamos recuperar el nivel de actividad previo al mes de marzo.

Sin embargo, la gestión de dichos instrumentos está mostrando unas carencias enormes, lo que lleva a que se retrase durante muchos meses la percepción de las ayudas. Además, estas se dirigen a personas especialmente necesitadas, por lo que las consecuencias resultan nefastas. Según el Instituto Nacional de Estadística, antes de la pandemia, más de un 25% de los hogares llegaba a final de mes con dificultades, y más de un 50% son los que admitían algún tipo de apuro. Estas familias, por la tipología de puestos de trabajo a los que acceden, son las más perjudicadas por la crisis del coronavirus. Si, además, las ayudas se retrasan meses, se entiende la angustia con que malviven millones de ciudadanos.

Una situación que, pese a no alterar la vida en las calles, resulta de un enorme dramatismo, y sirve para evidenciar, de manera ya indiscutible, disfunciones de nuestras administraciones públicas. Puede argumentarse en su defensa que la avalancha inesperada de solicitudes supera, en mucho, la capacidad para gestionar los respectivos servicios, y así debe entenderse en los primeros momentos de la crisis. Pero el actual colapso, derivado de la segunda ola del virus, responde a ineficiencias profundas y arraigadas en nuestras administraciones.

Descoordinación

Así, a la falta de previsión ante un rebrote, de mayor o menor intensidad pero del que todos los expertos alertaban, se añade la baja digitalización en el conjunto de la función pública, así como la falta de coordinación generalizada que, incluso, se da entre organismos de una misma administración. Una descoordinación que resulta ya extraordinaria si nos referimos a entes de distintos niveles de la administración, pues parecen prevalecer los criterios políticos. Haber transformado en campo de batalla partidista la gestión conjunta del coronavirus, entre Estado y comunidades, constituye el ejemplo más cercano y lamentable.

Confiemos en que pronto se supere la pandemia y, puestos a buscar algún que otro consuelo de la tragedia, que esta haya servido para reforzar nuestro colchón social, con instrumentos como el ingreso mínimo vital, para que las administraciones entiendan que su obligación es cooperar. Y abonar en tiempo las ayudas a quienes más las necesitan.