Las ciudades frente a la pobreza

La agencia norteamericana de cooperación US Aid lleva décadas repartiendo comida en el cuerno de África y no por ello va a acabar con el hambre en la región. En Barcelona hemos triplicado el número de plazas en alojamientos para personas sin hogar en los últimos años, y cada vez hay más gente durmiendo en la calle. Frente a la crisis sanitaria y social que ha provocado el covid-19, los servicios sociales están atendiendo a más personas que nunca, pero no van a acabar con la pobreza ni las desigualdades sociales. Del mismo modo que hay causas estructurales que perpetúan el hambre en el mundo, también hay causas estructurales que sostienen las desigualdades en las ciudades.

Si alguna cosa se está demostrando este año es que acabar sin techo y sin comida es más fácil de lo que parece. El 45% de las personas atendidas durante el confinamiento, de marzo a mayo, en dispositivos de emergencia para personas sin hogar de Barcelona no habían pasado por la calle. Muchas de ellas han ido encontrando soluciones residenciales precarias, pero estos indicadores hablan de la enorme vulnerabilidad que vive mucha gente que subsiste de empleos inestables, mal pagados y a menudo sin contrato.

Creatividad solidaria

Los servicios sociales, entidades del tercer sector, grupos de vecinas y vecinos, se organizaron para hacer frente a la emergencia. Centros de acogida y albergues, repartos de alimentos en locales o a domicilio, duchas y roperos… se pusieron en marcha para cubrir necesidades básicas. Ha resultado fundamental la coordinación entre las administraciones y el tejido social de los barrios, que en momentos de emergencia como estos despliega toda su fuerza y creatividad solidaria.

Ha llegado la segunda ola de la pandemia cuando la actividad económica (formal e informal) no se había recuperado. El resultado práctico va a ser un mayor desempleo y una caída de los ingresos de los hogares. Vamos a tener que hablar más de pobreza. Más que en la última década y más de lo que la mayoría recordamos. Y para enfrentarnos a la nueva oleada de empobrecimiento habrá que romper con algunas lógicas que contribuyen a centrar los debates en las tiritas con las que intentamos parar una hemorragia. Las políticas sociales que se impulsan desde los municipios podrían ser esas tiritas si no hay políticas estructurales que provoquen cambios profundos en las reglas de juego.

De la emergencia a la garantía de derechos

“Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”, reza el artículo 47 de la Constitución. En Barcelona hemos defendido que la vivienda es un derecho como una casa. Pero, al fin y al cabo, un derecho que no ha sido priorizado en décadas de políticas públicas. Y hoy no existe la protección necesaria para garantizar su acceso en condiciones “dignas y adecuadas”.

En lugar de encontrar soluciones en esta línea, vemos albergues llenos, filas de literas del Ejército y de entidades sociales o colas de personas que han perdido su trabajo precario, que no tienen opción de regularizar su situación administrativa o que han sido expulsadas de la habitación que alquilaban. Estas medidas solo deberían ser concebibles en el marco de una catástrofe. Pero si de lo que queremos hablar es de cobertura de derechos, no podemos conformarnos con dar de comer u ofrecer un catre para dormir. Asegurar las condiciones materiales pasa por garantizar ingresos a todo el mundo. Y las políticas públicas deben asegurar que todas las personas dispongan de los medios suficientes para satisfacer sus necesidades. 

La ciudad, escenario de la pobreza

El geógrafo David Harvey ha definido la ciudad en el contexto neoliberal como una construcción “para que la gente invierta en vez de para que viva”. Cuando alguien pierde sus ingresos, la ciudad se convierte en un lugar tremendamente hostil por su diseño como producto de consumo. Si no puedes consumir, no tienes espacio. Las ciudades se convierten en mercancía, y con ellas, los derechos. La vivienda es una mercancía. La educación es una mercancía. El frío cuando hace calor y el calor cuando hace frío también. Todo se paga. A su vez, la ciudad es un polo de atracción porque ese mismo diseño consumista ofrece oportunidades de subsistir gracias a servicios que cubren las necesidades básicas, y de buscarse la vida en la economía informal, cuando no delictiva.

En este contexto, las políticas sociales de los ayuntamientos deben dar respuesta a problemas muy concretos de la ciudadanía en relación con cuestiones tan esenciales como la vivienda o los ingresos, pero sin tener las competencias ni los recursos necesarios. Si no apostamos por una política estable y universal de garantía de rentas las prestaciones puntuales funcionarán como las tiritas de las que hablábamos antes. De la misma forma, las políticas convencidas de un ayuntamiento en materia de vivienda no podrán cubrir las tremendas necesidades actuales en esta materia.

Es solo el comienzo

Dentro del entramado de políticas municipales, los servicios sociales están en la primera línea de atención a la ciudadanía cuando todo lo demás falla. Y en momentos como estos especialmente. En Barcelona, los servicios sociales ya estaban marcando cifras record de atención en el 2019, y este año se han disparado. La crisis del covid-19 ha supuesto un incremento de recursos sin precedentes en forma de dispositivos de emergencia. Desde ayudas económicas extraordinarias hasta alojamientos temporales pasando por el refuerzo del acceso a la alimentación. Pero la emergencia sanitaria no ha terminado y su impacto social no ha hecho más que empezar.

Hay que acelerar la desburocratización de los servicios dirigidos a las personas que pasan situaciones socioeconómicas críticas; hay que seguir transformando la atención social para garantizar el respeto de la autonomía y la capacidad de decisión de las personas atendidas, y hay que poner todos los medios disponibles para evitar la competición de vecinos y vecinas por recursos escasos. Por difícil que parezca en estos momentos, es fundamental construir en las ciudades espacios de colaboración entre el sector público, las entidades sociales y los colectivos de vecinos para hacer frente a la crisis.

De la misma manera que US Aid no puede detener el expolio de África, las políticas municipales no pueden contener las crecientes desigualdades sociales y el incremento de la pobreza. Desde las ciudades no vamos a cambiar ahora las reglas del juego, pero podemos ser ejemplo de que hay otra forma de organizar la vida, más tierna y más digna. Porque algún día, cuando estemos preparados, habrá que cambiarlo todo.