Medidas duras en situación crítica

La renovación del estado de alarma se convirtió durante la pasada primavera en una pesadilla quincenal para el Gobierno. Las presiones desde diversos grupos políticos mantuvieron la mayoría necesaria permanentemente en vilo y acabaron, junto con la ansiedad de numerosos sectores por recuperar una cierta normalidad durante el verano, impulsando una desescalada que la evolución posterior de la pandemia indica que muy probablemente fue precipitada. Por si los datos epidemiológicos no fueran suficientemente explícitos, que la instauración del estado de alarma durante seis meses quedase aprobada este jueves con solo 53 votos en contra en el Congreso es una prueba visible de hasta qué punto, más allá de gesticulaciones y actitudes irracionales como las de la presidenta de Madrid,  existe la conciencia clara de que nos aproximamos a momentos críticos que pueden llevar, si no se aplica un freno drástico a la actividad social, a un nuevo colapso del sistema asistencial frente al que ya solo quedaría el recurso al confinamiento domiciliario general, frente al cual cualquier otra medida, por drástica y dolorosa que resulte, es preferible.

Todas las comunidades están tomando medidas para reducir al mínimo el número de personas con las que entramos en contacto físicamente, con un catálogo de prohibiciones similar al de las primeras fases de la desescalada pero con el propósito de mantener en lo posible la actividad de las empresas y servicios y evitar un segundo curso de escolarización a distancia en los niveles de educación infantil, primaria y secundaria obligatoria. 

La voluntad de suspender toda la actividad y movilidad que sea posible sin cruzar estas líneas rojas, sin duda es más difícil de explicar que un cierre de carácter general. Y suscita agravios comparativos entre los sectores que, ante el abismo al que se asoman, argumentan que podrían mantenerse en funcionamiento de forma segura. Pero con la difusión del virus fuera de control, las medidas ordinarias, la tan mencionada nueva normalidad, no basta, como demuestra que en todos los países se esté produciendo un rebrote súbito durante este otoño y que todos ellos estén tomando similares medidas restrictivas. Si ralentizar al máximo la movilidad desde la Administración es imprescindible, también lo es que las empresas y actividades obligadas a bajar la persiana para contribuir a la salud de todos reciban las ayudas necesarias para evitar un golpe definitivo. Y que todos los ciudadanos extremen su responsabilidad para evitar que tantos sacrificios sean inútiles.