Golpe al entorno de Puigdemont

Una operación judicial ha convulsionado de nuevo la política catalana. El juez Joaquín Aguirre, titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, y la Guardia Civil pusieron en marcha este miércoles un operativo en que se efectuaron 31 entradas y 21 detenciones vinculadas a la estructura del ‘expresident’ Carles Puigdemont en Waterloo, Tsunami Democràtic y blanqueo de dinero. Entre los detenidos hay nombres de mucho peso del entorno de Puigdemont, entre ellos el llamado «estado mayor» del ‘procés’: el ‘exconseller’ de ERC Xavier Vendrell, el empresario Oriol Soler, el exalto cargo de Convergència David Madí y Josep Lluís Alay, responsable de la oficina de Puigdemont.

La causa está abierta por los delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación, tráfico de influencias, blanqueo de dinero y desordenes públicos. Acusaciones muy graves, que obligan a recordar algunos preceptos básicos que deberían darse por asumidos en una sociedad democrática: de entrada, la presunción de inocencia de los detenidos, pero también la necesidad de que tanto la policía (en este caso, la Guardia Civil) y la Justicia puedan llevar a cabo su trabajo sin injerencias ni presiones exteriores. Son afirmaciones de perogrullo, pero en la Catalunya posreferéndum del 1-O es necesario recordarlas a unos y a otros cuando se da una operación policial en el entorno del independentismo.

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El potente altavoz independentista reaccionó de inmediato siguiendo al pie de la letra el manual de la «represión del Estado español». Sin más argumento que el de la fe ciega de las bondades de unos y la maldad de los otros, se defendió sin fisuras la inocencia de los detenidos y se ridiculizó a la Guardia Civil recordando otras operaciones del cuerpo armado en el entorno del independentismo. La investigación está en curso, y aún es prematuro para expandir certificados de inocencia o de manipulación policial y judicial. Mantener la calma, sobre todo cuando se ostentan cargos públicos,  nunca es un mal consejo.

El auto de Aguirre indaga en la supuesta trama rusa y refleja las afirmaciones de que un intermediario ofreció a Puigdemont el despliegue de 10.000 soldados rusos en apoyo de la DUI. Junto a esta llamativa línea argumental hay acusaciones de malversación de fondos y de corrupción para financiar el ‘procés’. Cabe exigir a la instrucción de la causa rigor, el propio de un Estado de derecho en un asunto políticamente tan sensible. Hay que dejar trabajar a la justicia, en definitiva.