Desahucios, la ola que está llegando

Desde hacía unos días, una vecina de un edificio de la calle de Aragó de Barcelona, propiedad de un fondo de inversión, vivía con las maletas en la puerta. En los últimos dos años había conseguido parar reiteradas órdenes de desahucio pero llegó el día en que ni la presión vecinal, ni las negociaciones de última hora frenaron la voracidad del gran tenedor. Ella, junto con otras familias, tuvo que marcharse de su casa de una forma dramática, con un desalojo, en medio de protestas, de gritos y de policía.

Los desahucios se han activado y lo han hecho con virulencia. El mismo Ayuntamiento de Barcelona reconoce que se llegan a notificar más de 80 en una sola semana. No hay manifestaciones multitudinarias para denunciarlo, quizás porque el coronavirus no nos deja asumir más problemas colectivos, porque estamos al límite de nuestro sufrimiento o porque los desahucios nunca han hecho salir a mucha gente a la calle. No hay grandes protestas pero sí que hay resistencia vecinal, esta nunca falla. Las efectivas y madrugadoras “caravanas de vecinos antidesahucios”.

Unas concentraciones que se autogestionan a través de las redes sociales y que se organizan para empezar en la puerta del primer lanzamiento de la mañana. Allí se ofrece resistencia y se presiona para que no se acabe materializando, una vez resuelto, los vecinos van a pie a otro desahucio previsto, a veces coinciden tres o cuatro en una misma mañana y en un mismo barrio, y así sucesivamente. Últimamente estos desfiles de vecinos tienen poco de fiesta y mucho de protesta. La tensión en los desahucios crece al mismo ritmo que crece la presencia policial. Lo hemos visto en Ciutat Vella y en Nou Barris, pero también en Sants, en Horta y en el Eixample. Desahucios de familias con una docena de furgones de los Mossos antidisturbios en la puerta, con agentes saltando por las azoteas y retirando a la fuerza, y en algunas ocasiones a golpes, a vecinos y activistas. Los mismos Mossos, a través de uno de sus sindicatos, han cuestionado el papel policial que les toca hacer acompañando a las comitivas judiciales.

Parte de los desahucios previstos se suspenden, pero pocas veces se acaban de la mejor manera: acordando un alquiler social que los inquilinos puedan pagar. La mayoría se paran por esta resistencia vecinal, aunque esto quiere decir que la comitiva volverá en unas semanas. La justicia, en estos casos, no se para.

Y así es como viven muchos vecinos, de orden de desahucio en orden de desahucio, esperando que se haga un milagro. Celebran cuando la comitiva judicial se va, pero saben que volverá y que el problema no se ha solucionado. Viven como la vecina de la calle de Aragó, con la mudanza a medio hacer, por si la próxima vez no hay suerte y tienen que dejar el piso a toda prisa. Y ese día acaba llegando. Entonces los vecinos afectados se van de su casa y desaparecen. Tienen el poder de hacerse invisibles. Muchos desahuciados caen en el olvido. Se acabarán buscando la vida, muchas veces con el apoyo incondicional de las asociaciones vecinales, o irán de pensión en pensión o quizás a un piso provisional de emergencia. Empezarán un largo recorrido de ayudas y trámites y pocos les seguirán la pista. Problema resuelto, o no.

Las cosas no van bien e irán peor. Un síntoma que también empieza a notar la Alianza contra la Pobreza Energética. Han detectado un aumento de personas en sus asambleas. Esto quiere decir que hay más gente que empieza a tener dificultades para pagar las facturas y cuando no se puede pagar el recibo del agua, de la luz o del gas, quiere decir que pronto no se podrá pagar el alquiler. El goteo de los que ya estaban mal y de los que se sumarán a esta crisis será imparable, por eso hay que hacer algo más que <strong>moratorias</strong> de difícil aplicación y que, hoy por hoy, no han frenado la ola que está llegando. Una ola que todo apunta que se convertirá en tsunami y que estallará en las narices de unas administraciones más noqueadas que nunca y con la poca vivienda social de siempre.

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