30 nov 2020

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Editorial

Las pensiones del futuro

Las conclusiones del Pacto de Toledo suponen un reencuentro de la política española con el sentido común ante un reto gigantesco

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El Periódico

El ministro Escrivá saluda a la presidenta de la Comisión del Pacto de Toledo, Magdalena Valerio.

El ministro Escrivá saluda a la presidenta de la Comisión del Pacto de Toledo, Magdalena Valerio. / EUROPA PRESS / E. PARRA / POOL

La misma semana en la que en el Congreso se discutía la ridícula moción de censura presentada por la ultraderecha, el Pacto de Toledo daba por cerrado su documento de conclusiones para la imprescindible reforma de las pensiones tras cuatro años de debates y discusiones. Aunque no será hasta el próximo martes cuando la comisión encargada de la redacción del documento proceda a su votación, todo parece indicar que el texto obtendrá una amplísima mayoría que facilitará su posterior recorrido.

Estamos ante una buena noticia. Las 20 recomendaciones del borrador suponen un reencuentro nada desdeñable de la política española con el sentido común. Es imprescindible dar a los pensionistas, a los presentes y también a los futuros, un nuevo marco de estabilidad y certeza. Era necesario que la comisión renovase, como así ha hecho, el compromiso con un sistema público de pensiones que siga pivotando sobre los principios de universalidad, unidad, solidaridad, igualdad y suficiencia, alejando al mismo tiempo los fantasmas de la privatización.

El documento plantea cuestiones de enorme calado que, aunque no transformen radicalmente el sistema de pensiones actual, sí suponen un paso adelante para la necesaria sostenibilidad de este ante los gigantescos retos demográficos que tiene planteados España -progresivo envejecimiento de la población y mayor esperanza de vida-, a los que hay que sumar la difícil situación económica que viviremos en el corto y medio plazo.

El saneamiento del sistema que se plantea es particularmente pertinente. Hay que aplaudir una medida que, aunque tardía, es imprescindible, como la que aconseja que las pensiones no contributivas se sufraguen a través de los Presupuestos Generales del Estado y no por la Seguridad Social.

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Asegurar la actualización de las pensiones en base a la inflación real, desincentivar las jubilaciones anticipadas, alargar hasta 25 el número de años sobre los que calcular la pensión y que el trabajador pueda acogerse a aquellos que le resultan más favorables son también puntos importantes del documento. Aunque sin duda el aspecto más disruptivo es la posibilidad de incentivar la previsión complementaria a través de planes de pensiones pactados en la negociación colectiva. Que la pensión pública pueda ser complementada -que no sustituida- por los rendimientos derivados de un plan pactado en las propias empresas es un paso adelante que puede mejorar sustancialmente los recursos económicos disponibles de los ciudadanos llegados a la edad de jubilación. En el capítulo de los profesionales autónomos, el Pacto de Toledo pide que sus bases de cotización se ajusten a sus ingresos reales para que su esfuerzo solidario sea igual que el del resto de trabajadores. Quizá sea en este punto donde resulta más previsible una mayor contestación por los afectados. De momento solo es un documento de conclusiones. Pero merece la pena destacarlo porque representa un esfuerzo por devolver el sentido común al centro de la actuación política en un asunto tan importante como el de las pensiones, columna vertebral de nuestro sistema del bienestar.