La vivienda: una misma tormenta pero en distinto barco

El acceso a la vivienda es una tormenta bajo la que estamos todos pero no todos en el mismo barco. Se trata de un problema global en el que convergen derechos dispares que se acaban concentrando en los extremos de las brechas de equidad socioeconómicas. Existe el derecho constitucional a una vivienda digna y también el derecho a la propiedad privada y la seguridad jurídica. Y en medio, el fenómeno de la ocupación.

Los gobiernos locales somos la administración de primera línea, la que se enfrenta a los problemas cotidianos de los ciudadanos pero casi siempre impotentes para resolverlos. La vivienda y las ocupaciones están entre ellos.

Existen dos tipos de ocupaciones: las que se producen directamente por pobreza y aquellas organizadas por grupos mafiosos, las llamadas ocupaciones delincuenciales. Ambas requieren actuaciones sociales, judiciales y policiales en diversas magnitudes, dependiendo de la particularidad de cada caso, pero siempre bajo el principio de que ocupar una vivienda es, de entrada, ilegal.

Dicho esto, hay que calibrar las respuestas. No podemos ignorar que si hay ocupaciones es porque existe una necesidad social de vivienda cuyo derecho no siempre es satisfecho por la Administración a través de medidas que van desde la regulación del mercado a la promoción de pisos públicos y protegidos.

Salvo el de Barcelona, el resto de ayuntamientos tenemos muchas limitaciones presupuestarias para promover operaciones inmobiliarias públicas con una incidencia real en el mercado. Los ayuntamientos nos encontramos en la tesitura de enfrentarnos a la escasez de vivienda pública y asequible en nuestros municipios sin competencias ni recursos, y quien los tiene, la Generalitat, no ha sido capaz de desarrollar políticas eficaces ni tampoco ha desplegado un plan social para atender a todas las familias con problemas habitacionales.

El caso es que el ciudadano no entiende de competencias entre las administraciones. Acude a quien tiene más cerca, su alcalde o alcaldesa, en busca de soluciones que no están siempre en su mano. Tan solo nos queda el recurso de reivindicar y reclamar una y otra vez a las administraciones superiores que intervengan. En las ocupaciones delincuenciales, además, los consistorios tampoco tenemos suficientes capacidades ni policiales propias ni de incidencia legislativa que nos permitan actuar siempre con eficacia y prontitud.

Nos queda solo el recurso de actuar paliativamente. En L’Hospitalet invertimos alrededor de 1.850.000 euros en este concepto. El albergue de los Alps acoge personas sin techo y familias sin hijos que se han quedado sin vivienda a causa de un desahucio. Solo en los Alps invertimos un millón de euros anuales. Otros 450.000 los destinamos a soluciones habitacionales alternativas, ya sean pisos o pensiones, incluso en otras ciudades. Esta situación se mantiene hasta que las familias puedan acceder a un piso público protegido. También se gestionan otros 400.000 euros para el pago de suministros energéticos.

Pese a todos nuestros problemas, en el mandato 2015-2019, desde el Ayuntamiento de L’Hospitalet impulsamos la construcción de 450 pisos de protección oficial, de los 600 que en total se entregaron en la ciudad. Tres de cada cuatro. Además, se realizaron más de 10.000 actuaciones para impedir cortes de suministros; se intervino en más de 1.200 casos de mediación hipotecaria, y se tramitaron más de 10.000 en ayudas para el pago de alquileres. Asimismo, gestionamos una bolsa de  más de 500 viviendas que los ciudadanos nos confían para ponerlas en alquiler a un precio más asequible que el del mercado.

Este enorme esfuerzo no evita que a menudo se responsabilice a los ayuntamientos de no impulsar soluciones, pero sí lo hacemos, como demuestran los datos anteriores. Eso sí, de modo paliativo y cubriendo servicios cuya competencia es de la Generalitat. De hecho, del conjunto de servicios sociales gestionados por los ayuntamientos, el 30% los prestamos sin tener competencias. De no ser así, la situación en nuestras calles podría llegar a ser dramática.

Ni que decir tiene que la crisis del 2008 y ahora la del covid han agravado las situaciones de vulnerabilidad y han alimentado un submundo mafioso de las ocupaciones que se aprovecha de las necesidades de la gente y de la escasa capacidad de respuesta policial y social con que se ha dotado históricamente a los ayuntamientos. Incrementar la capacidad financiera de los gobiernos locales es una de las grandes asignaturas pendientes de nuestra democracia.

*Primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de L’Hospitalet.