¿Puertas al campo para los tests de covid?

¿Deberían venderse libremente los tests de covid en farmacias? ¿Ha de poder cada cual encargar sus pruebas serológicas en laboratorios privados?  ¿Puede un centro libremente exigir para su uso un PCR y cargarlo al consumidor?

Para un economista no resulta complicado intuir una respuesta favorable si ello ayuda al diagnóstico y no daña a terceros. Surge la duda, sin embargo, de si hacer pruebas sin prescripción, interpretación subsiguiente y recomendación no es simplemente mala práctica. El problema de tests a la carta que acaben siendo masivos proviene de la cantidad de falsos positivos y falsos negativos que se pueden generar si las pruebas no siguen procesos apropiados (esto es, sin tener en cuenta un conjunto de síntomas, complicaciones previas, de contactos en cuarentenas vigiladas, tiempo de infección…). Esta falta de adecuación puede resultar muy ineficiente, tanto al confinar falsos positivos - que ven privada innecesariamente su esfera de actuación aceptable-, como de falsos negativos, que como consecuencia puedan extralimitar sus contactos creyéndose libres de cargas virales o antígenos.

Pero afrontar la realidad siempre es mejor que esconder la cabeza bajo el ala. Se empezó a hacer PCRs masivamente a los futbolistas y otros deportistas de élite pagando, lo que resta ahora autoridad argumental para frenar la demanda.

Hoy los laboratorios pueden ciertamente hacer todas las pruebas que quieran siempre que haya una prescripción médica, no difícil de obtener de médicos de empresa o en práctica privada, y no siempre de fácil control  de notificación de resultados. Si se accede a un centro por cosas tan simples como una prueba de esfuerzo es más que probable que se exija un test de anticuerpos. Y la tendencia es expansiva a dicho requerimiento ya sea en la utilización de dispositivos privados sanitarios, sociosanitarios o empresariales. Como si uno quiere viajar a determinados destinos. Para una clínica privada que cumpla lo establecido, el requerir desde su propio laboratorio la prescripción de un médico de primaria –para su supuesta adecuación- no deja de ser un coste añadido de incentivo poco claro, y no siempre está cubierto por su cartera de servicios.

Una cuestión abierta es si tests del covid se han de poder comprar libremente en farmacias. La sencillez de alguno de ellos es similar a la de la prueba del embarazo. Pero siendo los resultados de declaración obligatoria, ¿puede alguien ‘consumir’ el test con nocturnidad y quizás algo de alevosía, pago mediante? ¿Qué incentivos pueden determinar su comunicación o no a la autoridad administrativa? ¿Resolvería la situación de la obligación declarativa el que desde la farmacia comunitaria se asumiera un rol más activo a cambio de un pequeño sobre precio? ¿Supone ello una intromisión del ejercicio de otros practicantes sanitarios?

Los tests a demanda preceden a menudo a una explosión de consultas innecesarias con efectos colaterales comunitarios, en buena parte con costes de oportunidad, demoras y colapsos no siempre previstos. La obligación de declarar afortunadamente es ineludible sobre el papel (por cierto, solo Francia aporta datos de personas testadas, no de test hechos, lo que es un avance), pero como en tantos otros campos de la economía de la salud, la capacidad de la oferta para inducir demanda es grande. Estamos lejos por tanto de dar el tema por zanjado. Seguirán otros tests, nuevos tratamientos y nuevas vacunas; su adecuación, decisiva. Poner puertas al campo no será solución.

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