26 oct 2020

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Análisis

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la rueda de prensa posterior al Consejo Europeo, este 16 de octubre en Bruselas.

HORST WAGNER (EFE)

Sánchez se ha complicado la vida

Andreu Claret

Con su iniciativa, el presidente del Gobierno ha conseguido que el foco de la crítica se desplazara del PP al Gobierno

La propuesta del Gobierno de reformar la ley orgánica del poder judicial para conseguir que los 12 vocales del CGPJ puedan ser elegidos por mayoría absoluta -en vez de la mayoría cualificada de tres quintos actual- ha tenido un alto coste para Pedro Sánchez. Un coste previsible, por mucho que tenga su origen en la irredenta negativa de Pablo Casado a acordar con el PSOE una renovación consensuada del Consejo. Hasta ahora, todo eran críticas al PP por su actitud obstruccionista, contraria al espíritu de la Constitución. Críticas de la opinión pública, que reclama consensos para hacer frente a la difícil situación que vive el país, críticas de la mayoría de las asociaciones de magistrados y críticas de la Comisión Europea que recela de cualquier intento de pervertir la independencia de los poderes del Estado. Con su iniciativa, Sánchez ha conseguido que el foco de la crítica se desplazara del PP al Gobierno. Tanto en España como en Europa, donde la Comisión ha advertido que su iniciativa no seria bienvenida.

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Casado no ha dejado pasar la ocasión. Ha viajado a Bruselas y ha exhibido una foto con Ursula Von der Leyen. No ha conseguido que España fuera equiparada a Hungría, y aun menos a Polonia, pero ha obtenido que la Comisión diera un toque de atención a Sánchez. Sin embargo, ha fracasado en su intento de conseguir que algún alto funcionario advirtiera que peligraban las subvenciones de la UE por el covid-19. Es menos de lo previsto, pero suficiente como para mantener viva la idea de que España padece una deriva autoritaria que se ceba en los jueces y en los madrileños.

Cuesta entender que Sánchez se haya buscado un problema, al mismo tiempo, con la Comisión y con la judicatura. Carlos Lesmes, el presidente del CGPJ, ha aprovechado la oportunidad, publicando una encuesta donde el 90% de los jueces y magistrados reprochan a los políticos que opten por judicializar los asuntos complejos en lugar de alcanzar pactos y acuerdos. Una manera de decir que el problema lo tienen los partidos, no el CGPJ. También cuesta entender que Sánchez se haya enfrentado con Ciudadanos, en un tema de tanto calado, cuando necesita el voto de Inés Arrimadas a los Presupuestos. Sus palabras, en Bruselas, al finalizar el Consejo Europeo, constituyen un intento de salir del atolladero donde él mismo se metió. Su disposición a ‘llegar a un acuerdo ya, sin esperar un segundo más’ devuelve la pelota al tejado de un PP que tiene a Vox en el retrovisor y a Isabel Díaz Ayuso atrincherada en Madrid.

Si Pablo Casado acepta, pero veta a Podemos, Sánchez seguirá teniendo un problema. En Bruselas habló de hacer "todas las concesiones". ¿Contempla, entre estas, acceder a su pretensión? Marginar a Iglesias podría en tensión la coalición, pero aprobar la polémica Ley Orgánica contando solo con Podemos, Esquerra Republicana y el PNV agudizaría la polarización que padece el país, aunque fuera constitucional. Poder, puede, pero el coste seria muy alto.