El indulto de Bin Laden

En España, los indultos son harto habituales. Incluso cuando ni tan solo se ha pisado la cárcel. Acuérdense del periodista José María García, fue indultado en vísperas de su entrada a prisión. Era reincidente. De ahí la condena firme y la ejecución de esta. Y pese a eso, un Gobierno, socialista, lo indultó ipso facto luego de sentencia firme y tras la denegación del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. García no pasó ni unos minutos en la cárcel. Corría el año 1990 y el autor del indulto a José María García no fue otro que Felipe González.

Ocurre que con los presos del ‘procés’, que suman 100 años de condena con los 13 de Junqueras a la cabeza, cualquier movimiento comporta un revuelo en la opinión pública española, con la cúspide del poder judicial agitando las aguas. Ahí radica el meollo de la cuestión.

Luego vinieron indultos, de políticos, con delitos de sangre de por medio. Sin ir más lejos, el exministro José Barrionuevo fue indultado por José María Aznar, a propuesta del mismísimo Tribunal Supremo, aunque su condena fuera por terrorismo (por muy de Estado que fuera), y en particular por el secuestro de Segundo Marey por los GAL, los mercenarios que mataron a 29 personas. A Barrionuevo incluso lo escoltaron en su entrada a la cárcel los gerifaltes del PSOE de la época, sobre los que pesaba y pesa la sospecha de que tenían las manos manchadas de sangre. Pues tras los sicarios de los GAL estaban ellos. Y a sus órdenes los asesinos, a cuenta de los fondos reservados del Estado. Con los impuestos del común de los españoles se pagaron todo tipo de fechorías, incluido el latrocinio de quien fuera director general de la Benemérita, Luis Roldán, que se quedó hasta las pensiones de los huérfanos de la Guardia Civil. 

El paso por prisión de altos cargos del Gobierno de Felipe involucrados en secuestro, torturas y asesinatos, fue fugaz y las indemnizaciones económicas fueron de risa al lado de las fianzas y multas impuestas a dirigentes políticos catalanes, algunos de los cuales no cuentan en su haber ni con una multa de tráfico impagada. Y que, por cierto, ni por asomo han asesinado, secuestrado o torturado.

Luego, la razón profunda por la cual hay tanto guirigay con los indultos a unas personas que cumplen ya tres años en prisión es patriótica. Mientras las atrocidades de los GAL fueron para salvar a España, el referéndum de autodeterminación que organizaron los políticos catalanes fue para romper España. Ahí reside la justificación última del trato recibido por unos y otros. Nada pues tiene que ver con los actos cometidos, pese a la disparidad de las acciones. Los indultos se toleran o se reprueban en función de la causa patriótica que los ampara.

La actitud del Supremo para con los presos independentistas nada tiene que ver con la que dispensaron a los jefes de los GAL. Para estos promovieron el indulto, para los del 1 de Octubre un celo extremo. Prisión a cal y canto. Tanto que incluso intimidaron adrede a los funcionarios de prisiones ante la posibilidad de excarcelar a estos transitoriamente, por la causa de la pandemia, de acuerdo con las recomendaciones argumentales.

Dicho esto y retomando la cuestión del indulto. De este se habla desde la campaña electoral de diciembre del 2017. El primero en verbalizar esa posibilidad de gracia fue Miquel Iceta, aunque luego se comió sus palabras ante el temor de dar oxígeno a Ciudadanos. Y de esos indultos se ha hablado sin cesar los últimos años. Llevan ya tres años en la cárcel, por organizar un referéndum. Y seguimos con la matraca del indulto, sin concretar ni un ápice, cuando esa es una potestad del Gobierno de Sánchez, una posibilidad que el Gobierno español ha utilizado en 10.000 ocasiones. ¡Ojo avizor!, que lo del indulto a los presos del ‘procés’ no sea como lo de Bin Laden, que mucha gente hablaba de él pero a quien nadie había visto por ningún lado.