26 oct 2020

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Análisis

De izquierda a derecha, Joaquim Forn, Jordi Cuixart, Oriol Junqueras y Raül Romeva, antes de su nuevo ingreso en la prisión de Llenoders, el pasado 28 de julio.

EUROPA PRESS / PAU VENTEO

Política presa

Rafael Jorba

Si liberar a la política catalana de la carga emocional que la atenaza era ya una necesidad objetiva antes de la pandemia, ahora es una urgencia

Dos obviedades. Primera: que hay políticos catalanes presos, es una evidencia. Segunda: que desobedecieron, también lo es. Se puede discrepar de los tipos aplicados por el Tribunal Supremo -la reforma del Código Penal que impulsa el Gobierno central pretende enmendarlo-, pero los políticos que cumplen condena promovieron las leyes de referéndum y de transitoriedad jurídica, convocaron una consulta unilateral y avalaron la declaración de independencia.

Las dos líneas de defensa -la técnica y la política- no negaron la desobediencia: “Cedo esa trinchera. El señor Forn desobedeció los requerimientos del Tribunal Constitucional” (Javier Melero); “Se confunde la desobediencia de manual con la rebelión” (Andreu Van den Eynde). Aquella desobediencia ha sido sancionada: hubo juicio, se dictó sentencia y las condenas han sido parcialmente cumplidas (casi tres años de privación de libertad).

Uno de los pilares del Estado de derecho -el poder judicial- ha hecho su trabajo. Ahora le corresponde al poder legislativo -el Parlamento- y al poder ejecutivo -el Gobierno- hacer el suyo. Es en este marco, en el ejercicio de sus competencias, donde cabe situar la propuesta de reforma del Código Penal para adecuar el delito de sedición al contexto jurídico-político del siglo XXI y la preceptiva tramitación por el Ministerio de Justicia de las peticiones de indulto solicitadas.

Se trata de dos medidas complementarias, en fase de estudio, que pueden contribuir no solo a la puesta en libertad de los políticos presos, sino también a liberar a la política catalana de la carga emocional que la atenaza. Sí, la vida política catalana está también presa por esta circunstancia que puede enturbiar la próxima cita electoral prevista, a tenor del calendario, para el 14 de febrero.

La inhabilitación de Quim Torra abre un tiempo nuevo que, como ha escrito el politólogo Oriol Bartomeus, nos sitúa en una encrucijada: seguir hurgando en las respectivas heridas, acrecentando la brecha que nos separa, o liberar a la política presa, certificar el fracaso del ‘procés’, evaluar daños, aprender todos de todo lo que ha pasado, asumir responsabilidades y explorar otros caminos.

Las peticiones de indulto, que han sido solicitadas por terceras personas, no satisfacen a los independentistas -“se lo pueden meter por donde les quepa”, dijo Oriol Junqueras- porque implican el reconocimiento de su desobediencia y no cuestionan el juicio. Tampoco a las tres derechas (PP, Vox y C’s). Es una prerrogativa del Gobierno, en el marco del Estado de derecho, para liberar a la política catalana en beneficio de todos sus ciudadanos.

Corresponde ahora al Gobierno modular los indultos. La vía es necesariamente compleja: se podría poner en libertad a los presos, pero no así suspender sus condenas de inhabilitación (flexibilidad penal y sanción política). Además, se empezaría a superar el agravio comparativo respecto a Carles Puigdemont y el resto de huidos. Si liberar a la política catalana, presa también del ‘procés’, era ya una necesidad objetiva antes de la pandemia, ahora es una urgencia.