CHEQUEO
Burocracia y cuellos de botella
España se la juega con la gestión de los fondos europeos. Tarda 130 días en adjudicar un contrato público. Alemania, solo 50 días
Rosa María Sánchez
Redactora jefe
Premio Carlos Humanes de Periodismo Económico 2020. Máster Universitario en Investigación en Periodismo por la Universidad Complutense, en 2023. Profesora en el Título de Postgrado Especialista en Información Económica de la Universidad Nebrija. Colaboradora en RNE.
El aprovechamiento de los fondos europeos asignados a España para los seis próximos años constituyen un reto hercúleo. En los siete últimos años (del 2014 al 2020), España ha logrado seleccionar proyectos por el 80% de los fondos europeos asignados al país pero apenas han logrado culminar el equivalente al 35% de ellos, con datos del 2019.
"Si gestionar 56.000 millones en siete años está generando tantos retrasos y, al parecer, incapacidad ¿qué pasará con una cantidad cuatro veces mayor y para un mismo periodo?", se pregunta con preocupación el economista Manuel Hidalgo Pérez en un documento publicado por la escuela de negocios Esade. El economista suma los 140.000 millones asignados a España del fondo de reconstrucción europeo 'Next Generation EU' y los más de 50.000 que podrían llegar del presupuesto comunitario 2021-2027. Y aventura una conclusión: "el modelo de gestión que tenemos no va a funcionar".
El Gobierno lo sabe. También lo sabe la Comisión Europea, que no para de recordarle a España que debe podar su burocracia. Pedro Sánchez ha anunciado un real decreto ómnibus en el que reformar de un plumazo aspectos de las leyes de contratos del Estado, del régimen jurídico del sector público, la ley presupuestaria y la de subvenciones. España debe enviar este jueves a Bruselas su Plan Presupuestario para el 2021 y, a partir de ese día, el Plan de Reconstrucción para el aprovechamiento de los fondos europeos. En uno u otro documento el Gobierno deberá concretar cómo piensa acabar con los cuellos de botella capaces de arruinar la oportunidad de recuperación y modernización que ofrecen los fondos europeos.
España es el quinto país donde más tiempo transcurre entre que se recibe la última oferta para un contrato público y que se comunica su resolución. Pasan unos 130 días; son cuatro meses y diez días; es casi un mes más que hace tres años. Y ahí no están los tiempos que previos a la licitación. Ni tampoco los posteriores, que incluyen la ejecución, la justificación y verificación, la auditoría de la Intervención General, el control del Tribunal de Cuentas y la certificación ante Bruselas.
Si Pedro Sánchez quiere ejecutar la mayor parte de los fondos antes de que finalice la actual legislatura, para acudir a las urnas con la creación de 800.000 empleos vinculados a los fondos europeos, habrá que desatascar ya muchas tuberías. Y aunque hay que hacerlo dentro de los márgenes de las directivas europeas, debe haberlo, pues los 130 días de contratación en España, apenas superan los 50 en Alemania.
En su informe, Manuel Hidalgo también encuentra margen de mejora evitando la "sobre-fiscalización". El autor encuentra duplicidades en la cadena de sucesivos interventores y tribunales de cuentas. Y el reto será encontrar el punto de equilibrio entre una ejecución ágil y su debida transparencia, para romper a la vez con el doble pasado de burocracia y corrupción en la gestión del dinero público.
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