Inevitable estado de alarma

Un Salvador Illa inusitadamente duro –«la paciencia tiene un límite», afirmó– informó este viernes de la decisión del Gobierno de decretar el estado de alarma en Madrid. La medida extraordinaria estará en vigor los próximos 15 días en contra del criterio de la presidente de la comunidad autónoma madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que hasta el último momento se opuso  a tomar las medidas que le exigía Sanidad para frenar la propagación del virus en la autonomía.

Pocas opciones le quedaban al Gobierno de Pedro Sánchez a la vista del ritmo de contagios en Madrid y de la actitud obstruccionista del Ejecutivo de Ayuso. Si de algo ha pecado el Gobierno ha sido de paciencia ante las continuas muestras de deslealtad institucional de la popular no ya las últimas semanas, sino desde el inicio de la crisis del coronavirus en marzo. Desde el principio, Ayuso (y el presidente del Partido Popular, Pablo Casado) han planteado la gestión de la pandemia como un ariete contra el Gobierno de coalición, una oportunidad de oro para lograr su caída a los pocos meses de su constitución. Casado puso a Ayuso como ejemplo de buen hacer en la pandemia, a pesar de los datos científicos, la tragedia de los geriátricos y polémicas como el ritmo acelerado de la desescalada, origen de la grave situación sanitaria actual. Ahora, convertida Madrid en la zona europea con mayor incidencia del covid, Ayuso ha protagonizado más de 20 días de enfrentamiento con el Gobierno central mientras la situación sanitaria se deterioraba. Como dijo el ministro Illa este viernes en la rueda de prensa, hay asuntos que en política no son discutibles. Y la salud pública es sin duda uno de ellos. O, al menos, así debería ser.

El alcalde conservador de Madrid, José Luis Martínez Almeida, hablaba de la imposición de un «155 sanitario» en la comunidad. Casado  acusó al Gobierno de «discrecionalidad» y de «partidismo». La realidad es que la política de bloqueo del PP (en la pandemia, en la obligación constitucional de renovar órganos como el Consejo General del Poder Judicial, en el programa de recuperación económica) ha sido la que ha creado esta crisis institucional que se suma a la sanitaria, la económica y la social. Hay quien habla de crisis de gestión del modelo autonómico, en algunos casos los mismos que en la primavera afeaban a Sánchez la concentración de poder del estado de alarma en perjuicio de las autonomías. Hay comunidades, como la valenciana o Asturias, que pueden hablar de una buena gestión de la pandemia. No se trata, pues, de un pleito de competencias, de descentralización, de un 155 sanitario o de ojeriza hacia los gobiernos autonómicos del PP. Lo que ha sucedido en Madrid es un amalgama de bloqueo partidista, incompetencia y recetas ideológicas puramente trumpistas. Y mientras, la ciudadanía asiste con estupor al espectáculo de unos dirigentes más irresponsables que nunca en unos momentos excepcionales que exigen de todos nosotros justo lo contrario: responsabilidad, madurez y un elemental sentido del bien común. Ante la ausencia de todo ello,  decretar el estado de alarma en Madrid era inevitable.