Opinión | Editorial

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Un marco legal para controlar el virus

Es incomprensible que la salud pública recaiga en el criterio de uno u otro tribunal, y que el PP de Madrid utilice la situación para desgastar al Gobierno

Ambiente en la Plaza de Callao el 5 de octubre, primer día laborable después de que entraran en vigor las restricciones de movilidad

Ambiente en la Plaza de Callao el 5 de octubre, primer día laborable después de que entraran en vigor las restricciones de movilidad / DAVID CASTRO

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha anulado el confinamiento de la capital que impuso el Ministerio de Sanidad para frenar el virus. Después de una agónica negociación poblada de recelos, las medidas se ejecutaron sin la conformidad de la Comunidad de Madrid. De hecho, la presidenta Isabel Díaz Ayuso presentó un recurso en la Audiencia Nacional para suspender la orden. El TSJM se ha adelantado de forma inesperada, y apunta que el cierre perimetral solo puede ser efectivo con la cobertura legal del estado de alarma.

Madrid es la región de Europa con mayor incidencia de covid-19. España es el tercer país de Europa con más muertes causadas por el virus y el séptimo del mundo en contagios. Ante la desolación de las cifras, resulta incomprensible que la salud pública acabe recayendo en el criterio de uno u otro tribunal. Aún más que el PP de Madrid utilice la situación para su particular campaña de desgaste del Gobierno. En esta situación, el Ejecutivo está obligado a barajar el recurso al estado de alarma.  E incluso si finalmente no fuera considerado pertinente o viable, urgiría crear un marco legal que permita tomar las decisiones que sean precisas y superar un partidismo tan improcedente como perjudicial.