Los fondos europeos y el equilibrio territorial

Resulta ya indiscutible que nuestro modelo autonómico comporta graves ineficiencias, que conllevan distorsión administrativa y desafección ciudadana hacia la política. Una problemática tan incuestionable como difícil de abordar, dada la complejidad del momento y, especialmente, la radicalidad de nuestra vida pública. 

Unas disfunciones políticas y administrativas, que también se trasladan a la economía. La prueba más evidente es que cuatro décadas de descentralización no han servido para aproximar, más bien han alejado, los niveles de riqueza entre unas y otras comunidades. La 'España vaciada' constituye el ejemplo paradigmático de dicha realidad. 

La tendencia a la concentración en grandes metrópolis se aceleró con el proceso de globalización y, si bien también sucede en otros países, no tiende a darse con la misma intensidad con que se produce en España. Y el desequilibrio económico alimenta el malestar político que, manifestado con especial contundencia en el caso de Catalunya, va extendiéndose por otras comunidades. 

Para un mayor equilibrio económico territorial, España perdió la oportunidad que supuso el intenso proceso de desregulación y privatización de finales del siglo pasado, que se vio acompañado, en nuestro caso, de grandes inversiones en infraestructuras. En ese momento, se daban las circunstancias para diseñar una España multipolar, similar a esa Alemania en que actividad económica, sedes empresariales, y entes públicos se hallan repartidos por el conjunto del Estado.

Pero hoy nuestra realidad es otra, y Madrid representa una extraordinaria concentración de poder político y económico, que acaba por desequilibrar todo el país. Pero no se trata de rehacer aquello ya consolidado, sino de aprovechar la oportunidad de la reconstrucción, tras los efectos devastadores de la pandemia, para favorecer una España articulada y sostenible, en la que no quepa la desertización de gran parte de su territorio.

Una oportunidad que viene muy reforzada por el fondo europeo 'Next generation', hasta 140.000 millones que, acompañados de inversión privada complementaria, pretende conformar un tejido productivo más competitivo y sostenible. Así, la Unión Europea exige que las inversiones, articuladas sobre digitalización y transición verde, vayan acompañadas de reformas en ámbitos como educación, mercado laboral o investigación y desarrollo. 

Así las cosas, nuestras autoridades deberían incorporar un nuevo ámbito de reforma: que dichas inversiones contribuyan a un Estado multipolar y al asentamiento de actividad y población en la España vaciada. Precisamente, priorizar digitalización y transición verde favorece la actividad económica por el conjunto del territorio.

Si, en su momento, perdimos la oportunidad que significó el proceso de desregulación y privatización, ahora no podemos desaprovechar la ocasión histórica que representa la etapa de reconstrucción y reforma, que iniciaremos en pocos meses. De no hacerlo, quizás tengamos que esperar a una nueva pandemia.

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