Política de inmigración irrealista

El nuevo plan de la Comisión Europea para lograr una política común de inmigración y asilo en la Unión Europea (UE), al igual que los anteriores, adolece de recetas irrealistas que no funcionan sobre el terreno, como muestra la experiencia de los últimos años. El campo de Moria en Lesbos (Grecia), donde se hacinaban 18.000 demandantes de asilo desde hacia años, evidencia que los teóricos procedimientos rápidos no funcionan. Los 4,8 millones de inmigrantes irregulares que malviven clandestinamente en la UE, según el Pew Research Center, revela la dificultad de ejecutar las órdenes de expulsión.

Los doce documentos, con recomendaciones, reglamentos y reformas de directivas, mantienen como hasta ahora la responsabilidad de gestionar la petición de asilo en el primer país donde llegan los refugiados e inmigrantes a la UE: Grecia, Italia, Malta y España. En vez de la “abolición” del reglamento de Dublín, anunciada por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se perpetúan sus principales disfunciones. Grecia alberga ahora más de 121.400 demandantes de asilo, que equivalen al 1,13% de su población, indica la ONU. El plan encubre la falta de solidaridad dentro de la UE para un reparto equitativo de la carga mediante un complejo mecanismo de contribuciones a la carta de dudosa eficacia.

En el plan, faltan propuestas concretas para facilitar la inmigración legal, que se retrasan al 2021. Tampoco se presta mucha atención a la integración de inmigrantes y refugiados, pese a que sin inmigración la población de la UE habría comenzado a disminuir desde el 2012, según Eurostat. Un estudio publicado en 'Lancet' avisa que la caída de las tasas de natalidad reducirá la población de la UE en un tercio a final de siglo y en más de la mitad en España, con el consiguiente el declive económico.

La nueva estrategia insiste en los mismos ejes que se repiten desde el primer plan contra la inmigración irregular del 2008: control reforzado de las fronteras, más poder y medios para Frontex, identificación y control de los recién llegados en la frontera, resolución rápida de las peticiones de asilo y expulsión rápida de a quienes se les haya denegado.

Refuerzo de medios

El anunciado refuerzo de medios choca con el recorte del 27% de los fondos inicialmente previstos para inmigración y gestión de fronteras en el presupuesto 2021-2027 de la UE, acordado en la cumbre de julio. La partida quedó limitada a 22.671 millones de euros: 3.240 millones de media anual.

El control reforzado no detendrá la ola migratoria, a menos que la UE renuncie a sus principios humanitarios y viole sus propias leyes, generalizando las 'devoluciones en caliente' en la frontera e impidiendo la llegada de quienes cruzan el mar. La presión migratoria en la UE seguirá creciendo debido a la explosión demográfica en África y la falta de perspectivas, la abismal diferencia de rentas entre las orillas del Mediterráneo, la persistencia de conflictos, violencia y represión en un gran arco geográfico entorno a la UE y los desplazamientos de población que causará el cambio climático.

En el 2019, se alcanzó un nuevo récord mundial de población desplazada: 79,5 millones, indica la ONU. Pese a que el foco se pone en las llegadas en lancha, una parte muy importante de la inmigración irregular llega en avión, tren o autobús de los países que no necesitan visado de Latinoamérica, los Balcanes, el Cáucaso y Ucrania o de otros países con visado turístico o familiar.

Resolución rápida

La identificación y resolución rápida de las peticiones de asilo en los centros de recepción en la frontera sólo funciona sobre el papel, porque falta personal, medios técnicos y alojamiento y el sistema judicial ya está desbordado. Las peticiones de asilo pendientes de resolución en marzo del 2020 superan las 929.000 en la UE.

La rápida expulsión de a quienes se deniega el asilo es una quimera. A menos que los centros en la frontera se transformen en centros de detención, los recién llegados acaban difuminándose por el territorio del país o se desplazan a otros estados de la UE. De las 491.000 ordenes de expulsión cursadas en el 2019 en la UE sólo se ejecutaron el 29%. Primero, el retorno forzado tiene un coste muy alto para la UE. Y, segundo, los países de origen se oponen a esos retornos, porque las remesas que envían son importantes para la economía local y porque sus votantes están en contra. Las remesas de la inmigración legal e irregular de la zona euro a países de renta baja o media ascendieron a 54.000 millones en el 2018, según el Banco Mundial.      

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